Imposibilitado de brindar detalles sobre su patrimonio por la investigación judicial en curso, Manuel Adorni justificó su silencio ante las denuncias de enriquecimiento ilícito. El funcionario desestimó tensiones con Patricia Bullrich y ratificó que presentará su declaración jurada antes del plazo legal para disipar sospechas.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, rompió el silencio tras las recientes denuncias sobre sus gastos y adquisiciones inmobiliarias. En una entrevista concedida al canal de streaming Neura, el funcionario justificó su reticencia a dar detalles públicos sobre el origen de sus fondos, argumentando que cualquier declaración podría interferir en el proceso judicial que encabezan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
La causa investiga la compra de departamentos, viajes al exterior y remodelaciones de una propiedad en un barrio cerrado por un valor estimado en 245.000 dólares. El contratista de la obra, Matías Tabar, declaró recientemente sobre estos pagos, lo que incrementó la presión sobre el entorno presidencial.
Adorni, sin embargo, optó por un tono que osciló entre la defensa técnica y el descargo emocional, enfocándose en el impacto que el caso tiene en su núcleo familiar.
La situación generó fricciones visibles dentro del Poder Ejecutivo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, instó públicamente al jefe de Ministros a presentar la documentación necesaria para frenar el desgaste de la gestión. Adorni minimizó el episodio calificando a la ministra como una “fenómena” y atribuyó sus declaraciones a un adelanto de información que ya era manejada internamente.
El presidente Javier Milei ratificó su apoyo absoluto al funcionario. Según el mandatario, el jefe de Gabinete posee la documentación que respalda su patrimonio y planea entregarla antes del vencimiento legal.
Fuentes cercanas a la jefatura confirmaron que la presentación de la declaración jurada se realizaría alrededor del 31 de mayo, desestimando la urgencia exigida por sectores de la oposición.
Durante la entrevista, Adorni cuestionó el hostigamiento de la prensa y diferenció la crítica política de lo que considera una intromisión en su vida privada. Sostuvo que no pertenece a la “vieja política” y denunció presuntas maniobras para influir en la Justicia.
No obstante, evitó precisar fechas exactas para su descargo fáctico, manteniendo la promesa de que hablará “mucho” una vez que el expediente judicial avance.
La gestión libertaria, definida por el propio Adorni como “divertida” a pesar de la crisis, enfrenta ahora el reto de demostrar transparencia en uno de sus cuadros más cercanos al Presidente. El cierre de filas del Ejecutivo busca ganar tiempo mientras la Justicia analiza si el ascenso patrimonial del funcionario se condice con sus ingresos registrados.
¿Será la presentación de la declaración jurada suficiente para disipar las dudas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, o este episodio marcará un límite en la tolerancia social hacia la ética de la nueva gestión?
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