Las multas en Buenos Aires aumentaron un 16,8% debido al encarecimiento del combustible. Con la Unidad Fija en $2215, infracciones graves como exceso de velocidad o alcoholemia pueden costar hasta $2.215.000, buscando mantener el efecto disuasorio frente a la inflación actual.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del 16,8% en los montos de las actas de tránsito para el bimestre mayo-junio, como consecuencia directa de la suba en el valor de los hidrocarburos. La actualización de la Unidad Fija, que ahora se sitúa en $2215 tras relevar el precio de la nafta de mayor octanaje, implica que las conductas más peligrosas al volante ahora conllevan castigos económicos que superan el umbral de los dos millones de pesos. Este mecanismo de indexación automática busca preservar el efecto disuasorio de las penalidades frente al proceso inflacionario, vinculando el castigo pecuniario al costo del mercado energético informado por el Automóvil Club Argentino.
Dentro del nuevo esquema tarifario, exceder los límites de velocidad permitidos se posiciona como una de las transgresiones más onerosas, pudiendo alcanzar un techo de $2.215.000 para los casos de imprudencia extrema detectados por dispositivos de fotomultas. Una escala idéntica de severidad se aplica a quienes circulen en sentido contrario, utilicen la banquina como carril de sobrepaso o sean detectados bajo la influencia de narcóticos o bebidas alcohólicas en controles operativos. Por otro lado, la falta de acreditación de la Verificación Técnica Vehicular también sufrió un fuerte ajuste, con un piso sancionatorio que ahora se establece en $664.500 para los conductores que no posean la oblea vigente.
En materia de caducidad, el territorio bonaerense continúa rigiéndose por los plazos de la normativa nacional, diferenciando el tiempo de vigencia de las deudas según la naturaleza de la falta cometida. Mientras que las desatenciones menores quedan sin efecto tras un periodo de veinticuatro meses, las irregularidades calificadas como graves permanecen registradas en el sistema por un lustro completo. Esta lógica difiere de lo que ocurre en la capital federal, donde se unificó la prescripción en cinco años para todos los casos. Con estos valores, el gobierno provincial endurece la presión sobre los infractores en un intento por reducir la siniestralidad y garantizar que las multas no pierdan relevancia económica ante el contexto actual.
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