Bajo la consigna de la “transparencia”, el Ministerio de Capital Humano lanzó una ofensiva comunicacional en la previa de la movilización federal. Entre el cuestionamiento al rendimiento académico y la estigmatización de alumnos extranjeros, la gestión Milei busca condicionar el auxilio financiero a los hospitales universitarios.
En una maniobra que combina la retórica del control fiscal con la confrontación política, el Gobierno nacional anunció que convocará a los rectores universitarios recién después de la marcha federal de este martes. El mensaje, articulado por la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario Alejandro Álvarez, no es solo una invitación al diálogo, sino una advertencia: el auxilio financiero para los hospitales académicos estará supeditado a una nueva ingeniería de reparto que el oficialismo pretende imponer sobre el histórico lobby de las casas de altos estudios.
Con un enfoque marcadamente crítico hacia la autonomía administrativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Gobierno instaló una serie de indicadores de “costo por graduado” que buscan deslegitimar la inversión estatal. Según las cifras oficiales —presentadas en un contexto de asfixia presupuestaria—, el Ejecutivo pone la lupa sobre el millón de alumnos que no ostentan la categoría de “regulares”, utilizándolos como argumento para justificar el recorte en lugar de analizar las causas socioeconómicas de la deserción o la demora en las carreras.
Este enfoque omite que el Sistema de Información Universitaria (SIU) ya provee datos de gestión, pero el Gobierno insiste en crear una plataforma propia para dar una “batalla cultural” sobre el destino de los impuestos. La estrategia es clara: convertir un reclamo por salarios y funcionamiento en un juicio público sobre la productividad académica.
La gestión de Capital Humano ha decidido desempolvar el discurso contra la gratuidad para extranjeros para desviar el eje de la discusión salarial. Al mencionar supuestas exigencias de cátedras en portugués y resaltar que el 50% de la matrícula en Medicina de La Plata corresponde a no residentes, el subsecretario Álvarez apela a un nacionalismo fiscal que busca dividir el apoyo social a la marcha.
En cuanto a los hospitales universitarios, la administración de Milei admitió el congelamiento de los “refuerzos” presupuestarios, alegando que la distribución previa era arbitraria. La creación de una comisión para discutir el traspaso de estos recursos aparece más como una herramienta de disciplinamiento que como una solución urgente a la crisis de insumos que denuncian los centros de salud como el Hospital de Clínicas.
El punto de mayor conflicto técnico reside en la Ley de Financiamiento. Mientras la comunidad académica exige su cumplimiento, el Gobierno la califica de “abstracta” y sostiene que quedó derogada implícitamente por el nuevo Presupuesto. Esta interpretación jurídica ignora que las asignaciones específicas de una ley aprobada por el Congreso deben ser garantizadas por el Ejecutivo. Al señalar que el Estado “no tiene capacidad económica” para afrontar el 50% de aumento solicitado, el oficialismo ratifica que su prioridad es el equilibrio fiscal por encima del sostenimiento del sistema de ciencia y educación superior.
La promesa de diálogo “inmediatamente después de la marcha” no parece una concesión, sino un intento de minimizar el impacto de una movilización que el Gobierno ya tilda de puramente partidaria, ignorando el descontento genuino de una comunidad que ve en el desfinanciamiento un certificado de defunción para la excelencia académica argentina.
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