La cartera dirigida por Luis Caputo implementará una estrategia de diferimiento de costos energéticos con el objetivo de blindar el índice inflacionario frente a los mayores gastos de abastecimiento durante los meses de frío. Mediante un esquema de Diferencias Diarias Acumuladas, el Estado absorberá transitoriamente el sobrecosto del Gas Natural Licuado que ingresa por vía marítima, cuyo valor de mercado se sitúa cerca de los 20 dólares por millón de BTU. De esta manera, los usuarios residenciales, centros de salud y entidades educativas mantendrán una tarifa basada en el precio local de aproximadamente 3,79 dólares, mientras que el saldo negativo generado por la importación comenzará a ser saldado por los consumidores en cuotas a partir de noviembre. Esta medida, formalizada recientemente en el Boletín Oficial, busca evitar picos abruptos en las boletas estacionales y aplanar el impacto financiero en el presupuesto de las familias.
En términos operativos, la empresa estatal Enarsa mantendrá su rol como proveedora central para la demanda prioritaria, luego de que se descartaran intentos de privatizar la gestión de las compras externas. No obstante, el sector industrial de gran escala deberá asumir una mayor responsabilidad en la previsión y pago de su propio consumo, rompiendo con dos décadas de centralización estatal en la planificación energética para las manufacturas. Esta modificación normativa obliga a las grandes compañías a negociar sus volúmenes de combustible de manera independiente, bajo la advertencia oficial de que una falta de anticipación podría derivar en cortes de suministro durante las semanas de mayor demanda. El Gobierno proyecta que el consumo doméstico y social alcanzará los 95 millones de metros cúbicos diarios en el invierno, requiriendo un auxilio fiscal de entre 150 y 200 millones de dólares para cubrir la brecha de precios importados.
A pesar del potencial exportador que se vislumbra para finales de la década, Argentina continúa supeditada a las compras temporales en el exterior para garantizar el equilibrio del sistema durante los picos de consumo. El despliegue de importaciones para este ciclo invernal demandaría un desembolso global cercano a los 1.000 millones de dólares, destinados principalmente a sostener la actividad eléctrica y fabril. En paralelo, la gestión económica evalúa mantener la práctica de postergar liquidaciones a las empresas productoras locales como herramienta para preservar el superávit de las cuentas públicas, especialmente ante un escenario de recaudación impositiva que todavía no muestra signos de aceleración. Así, el Ejecutivo apuesta a una ingeniería contable que prioriza la estabilidad de precios en el corto plazo a cambio de una carga financiera distribuida en los meses de menor consumo energético.