Las calles cercan La Paz en una rebelión popular que denuncia el giro a la derecha de la gestión oficial. La caída del poder adquisitivo y el fantasma de un ajuste fiscal dinamitaron el pacto social.
Las calles cercan La Paz en una rebelión popular que denuncia el giro a la derecha de la gestión oficial. La caída del poder adquisitivo y el fantasma de un ajuste fiscal dinamitaron el pacto social.
La paciencia social en Bolivia se pulverizó por completo a escasos seis meses de la inauguración del mandato actual. Lo que comenzó como una resistencia focalizada de las comunidades originarias mutó velozmente en un alzamiento civil de escala nacional. Hoy, el epicentro del poder político se encuentra físicamente sitiado: las principales arterias viales que conectan el territorio con la capital permanecen totalmente bloqueadas por una coalición de sindicatos, mineros y sectores agrarios. La demanda colectiva ya no acepta paliativos técnicos ni parches legislativos; la única moneda de cambio que exigen las bases en las calles es la dimisión inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El desencadenante inicial del conflicto fue la polémica Ley 1.720, un intento de reforma agraria que encendió las alarmas de los pequeños productores ante el riesgo inminente de una concentración comercial de las tierras. Aunque la Casa Grande del Pueblo dio marcha atrás de forma abrupta y derogó la normativa en un desesperado intento por enfriar el clima de protesta, la respuesta social fue redoblar la apuesta. Para las organizaciones que sostienen los piquetes, el retroceso oficial llegó tarde y no logra maquillar lo que consideran un quiebre definitivo en las promesas de campaña. El envío de contingentes policiales masivos para despejar las calzadas solo sirvió para profundizar la beligerancia y consolidar los campamentos a la vera de las rutas.
El análisis de esta debacle de gobernabilidad excede la problemática estrictamente rural y se asienta sobre tres ejes estructurales que mellaron la vida cotidiana de las mayorías:
El colapso de la economía doméstica: El proceso inflacionario carcomió de manera drástica el salario de los trabajadores. En términos reales, las familias registran una pérdida del 30% en su capacidad de compra, un desfasaje que empujó a la clase media baja y a los sectores vulnerables a una situación de vulnerabilidad extrema.
El escándalo del combustible adulterado: La crisis del transporte urbano funcionó como un inesperado detonante en las ciudades. La distribución estatal de una nafta de bajísima calidad, cargada con un nocivo exceso de magnesio, arruinó el motor de más de 200.000 vehículos. Esto forzó a miles de cuentapropistas y transportistas a endeudarse para costear reparaciones mecánicas mecánicas que promedian los 2.000 dólares.
La ruptura del pacto electoral: Paz Pereira llegó al poder impulsado por el voto del MAS, las corrientes de izquierda y los sectores populares que buscaban la continuidad de un modelo de protección social. Sin embargo, su decisión de eximir de impuestos a las grandes fortunas y su aproximación a recetas económicas liberales desataron una profunda sensación de desencanto.
El escenario se tornó aún más complejo para el Palacio de Gobierno tras la decisión de aplicar un nuevo gravamen del 5% a los trabajadores gremiales e independientes. Lejos de garantizar la paz, esta medida fiscal sumó instantáneamente a 400.000 manifestantes adicionales a un conflicto que ya parecía incontrolable.
Los analistas advierten que la actual administración se encuentra atrapada en una severa encrucijada financiera, tironeada entre las exigencias presupuestarias de los organismos internacionales de crédito y la feroz resistencia de un pueblo históricamente reacio a los recortes de derechos. En este contexto de aislamiento geográfico e institucional, el margen de maniobra de la gestión oficial se reduce minuto a minuto mientras las rutas bolivianas continúan firmes en su reclamo de un cambio de rumbo definitivo.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro partió hacia Estados Unidos tras perder ante Lula y desobedecer una orden del Supremo Tribunal Federal. Washington confirmó que expedirá visas a él y su familia.
El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba a principios de diciembre, la Argentina podrá acceder a unos USD 900 millones.
Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì ocupará el monoplaza de Franco Colapinto en el primer entrenamiento del Gran Premio de México, cumpliendo la regla que exige ceder autos a corredores debutantes.
Tras acordar límites a las sanciones para empresas extranjeras y sumar controles parlamentarios, comisiones de Diputados aprobaron este miércoles el dictamen de la Ley Malvinas para llevar el debate al recinto en noviembre.
La Unión Industrial Argentina informó que la actividad fabril del país retrocedió 0,2% en septiembre y profundizó su contracción anual, afectada por la caída de la construcción, el freno automotor y el menor consumo interno.
El gobernador acusó a su antecesor de impulsar la demanda en la Corte Suprema para frenar su nuevo mandato. Tras desestimar el planteo de la oposición, lanzó una dura advertencia contra su exaliado: “Capaz que tiene que devolver”.
A través de dos resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía elevó el tope de consumo eléctrico bonificable a 500 kWh en las regiones más calurosas y fijó rebajas de hasta el 50% en la factura de gas para la Patagonia, la Puna y otros distritos.
León XIV mantendrá reuniones reservadas con víctimas de abusos eclesiásticos durante su gira de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano confirmó los encuentros para manifestar cercanía pastoral y abrir caminos de sanación.
