La causa judicial que investiga la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras protagonizar un siniestro vial y ser atacado en el suelo en la ciudad bonaerense de Chascomús, dio un vuelco determinante. La Fiscalía N° 9 incorporó nuevas pruebas fílmicas, incluyendo videos de cámaras de seguridad previos al impacto, que marcan un cambio radical en la reconstrucción cronológica del hecho.
Los registros audiovisuales se convirtieron en la pieza central del expediente liderado por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja. Los peritajes e imágenes aportados permitieron analizar en detalle tanto la secuencia del choque como la posterior e incomprensible agresión física que sufrió el menor mientras yacía herido e indefenso sobre una camilla en la vía pública, aguardando la derivación médica.
El informe forense: La autopsia oficial N°1282/2026 determinó que el deceso se produjo por “politraumatismos” y “hemorragia interna”.
La controversia médica: Los peritos buscan discernir científicamente qué porcentaje de las lesiones internas corresponden al choque del auto y cuáles a los golpes de puño.
Situación del atacante: El vecino agresor fue plenamente identificado por las autoridades policiales, pero hasta el momento no se ordenó su detención formal.
Un quiebre en la investigación y denuncias contra la Policía
Para el abogado que representa a la familia de la víctima, el doctor Equiza, la aparición y viralización de los videos vecinales significó un “antes y un después” dentro de la instrucción penal. La querella sostiene con firmeza que el siniestro vial no revestía la gravedad suficiente para desencadenar el paro cardiorrespiratorio y que la muerte fue consecuencia directa de las trompadas contundentes que el sospechoso le propinó en la cabeza al menor.
“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes. Da impresión ver el video. Es una animalada la forma en la que lo sujeta y le pega”, aseveró con crudeza el letrado ante la prensa.
A la par de la acusación contra el atacante, la madre del menor volvió a arremeter contra el desempeño de las fuerzas de seguridad presentes en el cruce de Jacarandá y Julián Quintana. La familia denunció una grave omisión de deberes y pasividad institucional, argumentando que los uniformados no adoptaron ninguna medida de fuerza para contener al agresor ni procedieron a arrestarlo de forma inmediata tras constatar el flagrante delito en la vía pública.