Ante la justicia federal de Estados Unidos, Federico Machado reconoció su responsabilidad en delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El convenio procesal aguarda la validación de un juez de distrito antes del dictado de la condena definitiva.
Federico Andrés Machado se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El empresario argentino, involucrado en el financiamiento de la campaña electoral de José Luis Espert en 2019, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Texas para eludir la acusación de narcotráfico, la cual conllevaba una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión.
La audiencia de cambio de estrategia procesal aconteció este lunes en los tribunales de Texas. Durante una sesión de 16 minutos, el juez de instrucción Don D. Bush interrogó al imputado para ratificar el entendimiento de los alcances legales de su decisión.
El magistrado recomendó aceptar formalmente la culpabilidad, aunque la validez final del acuerdo y el dictado de la sentencia definitiva quedarán bajo la órbita del juez federal de distrito Amos L. Mazzant III.
Cabe destacar que el reconocimiento de los cargos penales modificó la postura inicial de la defensa, liderada por la abogada Jamie Solano, que previamente había rechazado las imputaciones y solicitado un juicio por jurados.
Actualmente, el procesado permanece privado de su libertad desde hace seis meses en un centro penitenciario del estado de Oklahoma, luego de haber cumplido cuatro años de arresto domiciliario en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro.
La operatoria ilegal consistía en una estructura de fraude montada sobre la comercialización de aeronaves corporativas que no estaban disponibles para la venta. Las maniobras financieras se ejecutaban mediante las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, firmas comerciales administradas por el propio implicado en el estado de Florida.
Inversores privados entregaban depósitos millonarios bajo la promesa de adquirir aviones pertenecientes a compañías internacionales como Air India, All Nippon Airways y una firma privada de China.
El documento judicial ratificado por el acusado confirma que los fondos captados se desviaron hacia cuentas particulares para propósitos ajenos a las transacciones aeronáuticas pautadas.
Paralelamente, la resolución judicial generó repercusiones en la administración política argentina. El presidente de la Nación, Javier Milei, emitió un comunicado en redes sociales para respaldar al economista José Luis Espert, donde aseveró que la justicia estadounidense ratificó la inocencia del legislador respecto a los cargos de narcotráfico vinculados al financiamiento logístico de su campaña.
No obstante, el mensaje oficial omitió detallar la confesión de los delitos financieros realizada por el empresario en la sede judicial norteamericana.
Los registros de la Fiscalía Federal en Texas mantienen incorporada una transferencia bancaria de US$ 200.000 efectuada a favor de Espert en enero de 2020 a través del Bank of America.
El diputado nacional argumentó que el monto correspondió a una asesoría para una explotación minera en Guatemala, actividad que no logró materializarse debido a las restricciones sanitarias de la pandemia.
La escala penal para los delitos de conspiración de lavado de activos y fraude electrónico contempla un máximo de 20 años de prisión, multas de hasta US$ 250.000 y el decomiso total de los bienes obtenidos de forma ilícita.
La representación del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Heather Rattan, confirmó que avanzará con las acciones de confiscación de activos mientras se aguarda la fijación de la audiencia condenatoria en un plazo estimado de entre 60 y 90 días.
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