La operatoria ilegal consistía en una estructura de fraude montada sobre la comercialización de aeronaves corporativas que no estaban disponibles para la venta. Las maniobras financieras se ejecutaban mediante las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, firmas comerciales administradas por el propio implicado en el estado de Florida.
Inversores privados entregaban depósitos millonarios bajo la promesa de adquirir aviones pertenecientes a compañías internacionales como Air India, All Nippon Airways y una firma privada de China.
El documento judicial ratificado por el acusado confirma que los fondos captados se desviaron hacia cuentas particulares para propósitos ajenos a las transacciones aeronáuticas pautadas.
Paralelamente, la resolución judicial generó repercusiones en la administración política argentina. El presidente de la Nación, Javier Milei, emitió un comunicado en redes sociales para respaldar al economista José Luis Espert, donde aseveró que la justicia estadounidense ratificó la inocencia del legislador respecto a los cargos de narcotráfico vinculados al financiamiento logístico de su campaña.
No obstante, el mensaje oficial omitió detallar la confesión de los delitos financieros realizada por el empresario en la sede judicial norteamericana.
Los registros de la Fiscalía Federal en Texas mantienen incorporada una transferencia bancaria de US$ 200.000 efectuada a favor de Espert en enero de 2020 a través del Bank of America.
El diputado nacional argumentó que el monto correspondió a una asesoría para una explotación minera en Guatemala, actividad que no logró materializarse debido a las restricciones sanitarias de la pandemia.
La escala penal para los delitos de conspiración de lavado de activos y fraude electrónico contempla un máximo de 20 años de prisión, multas de hasta US$ 250.000 y el decomiso total de los bienes obtenidos de forma ilícita.
La representación del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Heather Rattan, confirmó que avanzará con las acciones de confiscación de activos mientras se aguarda la fijación de la audiencia condenatoria en un plazo estimado de entre 60 y 90 días.