Facturas apócrifas y desvío de fondos millonarios sustentan el nuevo pedido de investigación del fiscal Claudio Navas Rial contra Claudio Tapia. La denuncia de ARCA detectó proveedores falsos contratados por la AFA entre 2023 y 2025.
Facturas apócrifas y desvío de fondos millonarios sustentan el nuevo pedido de investigación del fiscal Claudio Navas Rial contra Claudio Tapia. La denuncia de ARCA detectó proveedores falsos contratados por la AFA entre 2023 y 2025.
El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, presentó un requerimiento para ampliar la investigación contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. La medida alcanzó al presidente de la entidad, Claudio Fabián Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino. El dictamen fiscal incluyó también a los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo.
La resolución judicial respondió a una denuncia promovida por la jefa de la Sección Penal de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes de la ARCA (Agencia de Regulación y Control Aduanero), Vanina Vidal. La presentación detectó presuntas maniobras destinadas a ocultar el destino real de fondos y evitar el pago del impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025.
Según el documento remitido al juez Diego Amarante, el organismo fiscalizador detectó una base imponible bajo sospecha que superó los 916 millones de pesos. El ajuste liquidado a favor del fisco alcanzó los 320.784.664,61 pesos. A ese monto se añadieron 341.890.220,76 pesos en concepto de intereses resarcitorios y una sanción de 125.792.579,86 pesos por multas.
La fiscalía señaló la existencia de un patrón operativo caracterizado por la ausencia de sustento económico real en las firmas contratadas. Los inspectores de la ARCA auditaron 24 proveedores de la AFA y constataron firmas con domicilios inexistentes, falta de infraestructura operativa y facturación apócrifa (circuitos comerciales cerrados).
El dictamen judicial describió el caso de la firma Central Hotel SRL, la cual facturó 9.600.000 pesos por refacciones en el predio que la entidad posee en Ezeiza. Los fiscalizadores comprobaron que el objeto social de la empresa correspondía exclusivamente al rubro hotelero. El seguimiento de los valores bancarios determinó que los cheques emitidos terminaron asignados a la comercialización de ganado.
Paralelamente, la proveedora Capadoccia SRL registró comprobantes por un total de 56.757.736,20 pesos vinculados a subcontrataciones de obras y provisión de materiales.
Los agentes del organismo recaudador no lograron localizar las sedes declaradas. Durante el procedimiento, una de las socias de la empresa manifestó ante las autoridades fiscales que desconocía las actividades de la firma y que percibió asignaciones monetarias a cambio de suscribir documentación.
Asimismo, la firma Prussian Blue SRL percibió 19.171.491 pesos por el desarrollo de contenidos digitales y actualizaciones tecnológicas. La auditoría presencial en la localidad de Mar del Tuyú constató que los titulares de la sociedad eran trabajadores informales ocasionales sin capacidades técnicas en programación o diseño digital.
Navas Rial solicitó al juzgado interviniente requerir a la ARCA la remisión de los legajos completos de las firmas cuestionadas. El pedido incluyó las copias de los cheques endosados y los comprobantes enviados a las entidades bancarias. El funcionario judicial requirió además que los bancos emisores entreguen los registros de firmas y las acreditaciones de los apoderados institucionales.
Los dirigentes de la entidad ya se encontraban procesados en el fuero Penal Económico por presunta apropiación indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos.
Aquella resolución previa permanece bajo análisis de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El tribunal técnico resolverá además qué juzgado intervendrá en las pesquisas referidas a bienes inmuebles particulares de los directivos.
El dictamen determinó que las operaciones observadas configuraron indicios de simulación instrumental orientada a generar efectos fiscales indebidos. La representación del Ministerio Público Fiscal encuadró las conductas en los presuntos delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal, debido al volumen de las transacciones y su prolongación temporal.
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