La Cámara baja aprobó el proyecto de desregulación estatal que deroga casi 70 normativas antiguas e inútiles. El oficialismo logró imponer su agenda legislativa en una sesión marcada por la tensión política y el debate por los subsidios energéticos.
La Cámara baja aprobó el proyecto de desregulación estatal que deroga casi 70 normativas antiguas e inútiles. El oficialismo logró imponer su agenda legislativa en una sesión marcada por la tensión política y el debate por los subsidios energéticos.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó la media sanción al proyecto de la Ley Hojarasca, una iniciativa clave del Poder Ejecutivo para desregular el Estado. El texto cosechó 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones tras un debate de alta intensidad.
Los números de la reforma normativa
Normas afectadas: El proyecto de ley aprobado elimina un total de 58 leyes nacionales de forma directa.
Modificaciones y decretos: Modifica artículos de ocho leyes y deroga dos decretos vigentes desde hace décadas.
Quórum oficialista: La sesión especial se habilitó tras alcanzar el número estrictamente reglamentario de 129 diputados.
El debate en el recinto fue convocado por el jefe de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, en un clima de fuerte confrontación política. La sesión parlamentaria sirvió además para bloquear la convocatoria alternativa de la oposición que pretendía interpelar a los ministros del Gabinete.
La propuesta, ideada de forma directa por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca depurar el ordenamiento legal. El bloque oficialista defendió la urgencia de suprimir leyes consideradas anacrónicas, inútiles o que interfieren de forma directa con las libertades individuales.
El proyecto de ley agrupa las normativas a eliminar en seis grandes categorías técnicas diseñadas por los equipos del Poder Ejecutivo. La medida apunta de forma unificada contra aquellas normas superadas por leyes posteriores o que quedaron obsoletas por el simple paso del tiempo.
De este modo, el texto definitivo elimina viejas regulaciones históricas como la ley de azotes del siglo XIX y la normativa referida a la microfilmación. También quedan formalmente sin efecto la ley de mochileros y diversas regulaciones sobre laboratorios públicos que no registraban actividad real.
Durante las discusiones previas en las comisiones de trabajo, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, ratificó el rumbo oficial. El funcionario técnico fundamentó que remover estas piezas obsoletas busca reducir los conflictos de interpretación jurídica y la burocracia gubernamental.
Los legisladores del oficialismo argumentaron que el sostenimiento de dependencias sin funcionamiento efectivo representaba un gasto indirecto para el erario público. Asimismo, remarcaron que la simplificación de trámites favorecerá la transparencia y competitividad del sector privado.
Para garantizar el acompañamiento mayoritario de los bloques aliados, el oficialismo debió aceptar modificaciones de peso en el articulado definitivo. Los negociadores del Poder Ejecutivo accedieron a excluir del paquete de derogaciones la Ley 11.380, protegiendo líneas de crédito específicas.
Esta exclusión parlamentaria garantiza de forma efectiva la continuidad de los préstamos especiales otorgados por el Banco Nación para el fomento de las cooperativas. La resistencia de las bancadas de las provincias del interior fue determinante para frenar cualquier cambio en el financiamiento productivo.
Por otra parte, la Cámara de Diputados resolvió por amplia mayoría preservar de forma intacta la Ley 20.959. Esta normativa específica regula de forma oficial la entrega de las credenciales de libre circulación para los legisladores nacionales vigentes en el país.
El temario aprobado por el cuerpo de legisladores no se limitó a la limpieza legal, sino que integró otros proyectos de fuerte impacto económico. Entre ellos se destacó la reforma del esquema de subsidios para las tarifas de gas de la denominada Zona Fría.
En sintonía con el resguardo de las prerrogativas políticas, los bloques parlamentarios ratificaron la vigencia de sus propios presupuestos. El dictamen consolidado mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores, un punto que generó reparos en sectores independientes pero que garantizó la gobernabilidad del debate.
La extensa jornada legislativa en la Ciudad de Buenos Aires también contempló la aprobación de múltiples tratados internacionales con naciones extranjeras. En el tramo final, el cuerpo legislativo convalidó por unanimidad la entrega de una medalla de honor para los veteranos de Malvinas.
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