Representantes de seis firmas alimenticias analizaron en Sunchales las condiciones judiciales para adquirir las plantas de la cooperativa SanCor, tras decretarse su quiebra con deudas que superan los 86 millones de dólares y pasivos millonarios en pesos.
El juez civil y comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, Marcelo Gelcich, encabezó la primera jornada de contacto oficial con los grupos empresarios interesados en la adquisición de los activos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada.
El encuentro informativo se desarrolló en la sede central de Sunchales, provincia de Santa Fe, con el objetivo de exponer las condiciones del marco normativo para la futura enajenación de la firma.
De la reunión participaron la coadministradora judicial Lucila Prono y los integrantes de la sindicatura liderada por Ignacio Pacheco Huber. El proceso judicial busca la venta de la empresa en marcha, a través de la transferencia conjunta o separada de sus unidades productivas. Actualmente, la firma conserva seis plantas industriales distribuidas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, las cuales operan por debajo de su capacidad instalada.
Directivos de cinco compañías del sector alimenticio asistieron al encuentro para evaluar la compra de las fábricas, marcas y bienes inmuebles. Entre los presentes estuvieron los representantes del grupo francés Savencia y de la empresa Adecoagro. Asimismo, acudieron directivos de las firmas Punta del Agua SA, Elcor SA y La Tarantela.
Por otra parte, el empresario de medios de comunicación Gustavo Scaglione se ausentó con aviso. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) informó que el inversor transmitió la posibilidad de realizar una propuesta integral con el respaldo de socios extranjeros. Las negociaciones dentro de este entramado empresarial se mantienen bajo reserva.
La quiebra de la cooperativa se decretó con la continuidad de la explotación mediante contratos de fasón, una modalidad que permite procesar materia prima de terceros para evitar que las instalaciones pierdan valor de mercado. Los pliegos de la licitación pública estarán disponibles en los próximos días, según estimaciones de los equipos técnicos judiciales.
El estado financiero de la empresa al momento de la quiebra registró una deuda concursal verificada superior a los US$ 86 millones. El pasivo postconcursal superó los $6.349 millones en el rubro impositivo y previsional, mientras que las deudas salariales alcanzaron los $12.788 millones.
Los compromisos comerciales pendientes se tasaron por encima de los $13.313 millones, afectando a una estructura que todavía mantiene a 914 trabajadores en relación de dependencia.
La resolución del proceso licitatorio determinará si el modelo de unidades productivas separadas resulta atractivo para el mercado o si prevalece una propuesta de reactivación integral. El futuro de la cuenca lechera regional y la continuidad de las fuentes laborales dependen de la solidez financiera que demuestren los futuros oferentes.
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