El gobierno porteño reformuló la regulación del transporte privado de pasajeros: eliminó costos, aranceles y trabas burocráticas para los taxistas, mientras que fijó la obligatoriedad de la licencia profesional, VTV y seguros específicos para choferes de aplicaciones digitales.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó una profunda reestructuración del transporte urbano que busca saldar una disputa de más de una década entre los servicios tradicionales y las firmas tecnológicas de movilidad.
Mediante un esquema combinado de decretos, disposiciones ministeriales y un proyecto de ley que ingresará al parlamento local, la gestión liderada por Jorge Macri implementará una nivelación en las reglas de juego comerciales.
La iniciativa establece por primera vez un marco de obligaciones de carácter profesional para quienes operan mediante aplicaciones como DiDi, Uber o Cabify, orientadas principalmente a elevar los estándares de seguridad vial.
Mientras tanto, desmantela una densa red de aranceles, trámites de escribanía y exigencias estéticas obsoletas que restaban competitividad al parque de taxis activos en el distrito.
Las modificaciones introducidas en el sector de los vehículos de alquiler con taxímetro apuntan a flexibilizar la operatoria diaria y reducir los costos de mantenimiento de las licencias.
Entre las medidas adoptadas destaca la ampliación de la capacidad vehicular permitida, habilitando el uso de utilitarios de gran porte aptos para el traslado de grupos numerosos, así como la reducción de los tamaños mínimos de habitáculo y espacio de carga.
Este cambio permitirá incorporar rodados más económicos al parque automotor.
En el plano administrativo, se anula la obligatoriedad de certificar firmas notariales para el traspaso de derechos de explotación, se suprimen gravámenes de renovación y se da de baja la imposición de usar la plataforma estatal BA Taxi.
También se eliminan la vigencia de turnos rígidos y la obligatoriedad del uso de indumentaria formal para los choferes, migrando además todas las autorizaciones físicas hacia soportes estrictamente digitales.
En contrapartida, los conductores asociados a las terminales tecnológicas deberán ajustarse a un esquema de control más estricto que comenzará a regir plenamente tras un período de gracia de tres meses desde su publicación oficial.
Los requisitos obligatorios para las plataformas contemplan la vigencia irrestricta de las inspecciones mecánicas jurisdiccionales, la contratación de pólizas de cobertura civil con características específicas y la obligatoriedad de poseer registros de conducir de categoría profesional.
Eso fija un piso de 21 años para los prestadores.
Desde la conducción porteña argumentaron que la reforma busca subsanar la inacción política de administraciones previas frente al avance de la tecnología, priorizando la libertad de elección de los usuarios bajo un entorno de competencia transparente y equilibrada.
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