El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la causa vinculada a su función como titular del CEAMSE y solicitó al juez Ariel Lijo levantar el secreto fiscal y bancario. La denuncia, presentada por el empresario Guillermo Tofoni, señala un incremento patrimonial injustificado del 1.000% en ocho años.
La Justicia Federal dio un paso decisivo en el expediente que investiga el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia. El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó impulsar de manera formal la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, enfocada en su rol como funcionario público al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Como parte del paquete inicial de medidas de prueba, el representante del Ministerio Público solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente, además de requerir un informe pormenorizado sobre sus declaraciones juradas, bienes declarados, cuentas bancarias y nivel de consumo habitual.
La asignación definitiva del expediente al juzgado de Lijo se resolvió esta semana tras un conflicto de competencia entre distintos tribunales, subsanado por la Cámara Federal porteña. Aunque la figura de Tapia guarda una inmediata asociación pública con la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) —cargo de carácter ad honorem que no integra el objeto central de esta causa por no constituir un empleo estatal—, la investigación judicial se circunscribe a su desempeño en la empresa pública interjurisdiccional encargada de gestionar los residuos sólidos urbanos del AMBA y administrar la traza del Camino del Buen Ayre. Tapia se incorporó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y, a partir de 2024, asumió la titularidad del organismo.
Entre la batería de medidas sugeridas para reconstruir el mapa de sus ingresos, Pollicita propuso al magistrado librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay. El pedido busca que el organismo sudamericano remita copia íntegra del legajo laboral de Tapia e informe en detalle los cargos desempeñados, las resoluciones de nombramiento, los períodos de ejercicio y la totalidad de los montos abonados por cualquier concepto desde su ingreso. Asimismo, la fiscalía solicitó precisar las cuentas bancarias donde se acreditaron dichos fondos y consultar si el dirigente ejerce o ejerció representación formal ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
El origen de la denuncia judicial se remonta al pasado 7 de abril, cuando el empresario Guillermo Tofoni formuló la acusación sosteniendo que el patrimonio de Tapia se habría incrementado en un 1.000% en el transcurso de ocho años sin una justificación patrimonial acorde. En el escrito inicial se detalla que Tapia declaró percibir ingresos anuales del orden de los $100.233.144 por una carga horaria de 15 horas semanales asignada a la función pública dentro de la estructura del CEAMSE.
La contienda judicial impulsada por Tofoni se inscribe en un escenario de fuerte litigiosidad que el titular de la firma World Eleven mantiene con la conducción de la AFA. El enfrentamiento se agudizó tras la cancelación del contrato comercial que otorgaba a su empresa la exclusividad para organizar y explotar la agenda de partidos amistosos internacionales de la Selección Argentina. Tras la decisión de la fiscalía de dar curso a la denuncia y solicitar el levantamiento del sigilo bancario y tributario, la causa queda en manos del juez Lijo, quien deberá resolver la efectivización de los peritajes y pedidos de informes requeridos.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la causa vinculada a su función como titular del CEAMSE y solicitó al juez Ariel Lijo levantar el secreto fiscal y bancario. La denuncia, presentada por el empresario Guillermo Tofoni, señala un incremento patrimonial injustificado del 1.000% en ocho años.
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