Estudiantes tomaron las escuelas Carlos Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires este martes. La medida coincidió con clases públicas en Plaza Lavalle y un paro docente nacional, a la espera de una resolución del máximo tribunal.
Estudiantes tomaron las escuelas Carlos Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires este martes. La medida coincidió con clases públicas en Plaza Lavalle y un paro docente nacional, a la espera de una resolución del máximo tribunal.

La disputa por la aplicación de la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo en los tribunales y en los establecimientos de educación secundaria.
Los alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini iniciaron una toma del edificio a partir de las 21:40 horas del martes, mientras que la comunidad estudiantil del Colegio Nacional de Buenos Aires resolvió una medida similar por tiempo indeterminado en reclamo de precisiones presupuestarias.
Estas acciones en los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se acoplaron a una huelga de cinco días declarada por los sindicatos de profesores de las casas de altos estudios del país.
Paralelamente, delegaciones docentes de la UBA y de los partidos bonaerenses de Avellaneda, Quilmes y Florencio Varela instalaron pizarrones en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, para dictar clases abiertas de disciplinas científicas y sociales.
La movilización hacia los tribunales respondió al estado legal de la norma. El Congreso aprobó el proyecto en 2024, el presidente Javier Milei dictó el veto total mediante el Decreto 879/2024 y las cámaras legislativas ratificaron el texto original en septiembre de 2025.
Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la ley el 21 de octubre de 2025, la vigencia efectiva de las partidas quedó suspendida por el Ejecutivo hasta definir los recursos financieros en la ley de presupuesto.
El freno a la aplicación de la norma generó fallos favorables a las universidades en primera instancia y en la Cámara Federal. Sin embargo, la aceptación de un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional suspendió las medidas cautelares previas, lo que derivó el expediente al análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Los representantes estudiantiles justificaron la paralización de las actividades secundarias en el deterioro de las condiciones de funcionamiento. El integrante de la minoría del centro de estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, Tomás Aparisi, puntualizó que 27 docentes y el 50% del cuerpo de psicólogos de la institución dimitieron a sus cargos durante el transcurso del año vigente.
Por otra parte, el presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Francisco Pitrola, manifestó que las remuneraciones del sector preuniversitario se ubican un 30% por debajo de los sueldos del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Desde la perspectiva del oficialismo, el Ministerio de Economía cuestionó el impacto fiscal del ordenamiento por comprometer la pauta de déficit cero. El Gobierno envió una propuesta alternativa al Congreso que elimina las compensaciones automáticas previas y establece que la actualización del presupuesto para 2026 solo se ejecutará si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 14,3% anual.
La resolución de la crisis educativa permanece sujeta a las definiciones de los diferentes poderes del Estado. Los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen la necesidad de una respuesta institucional inmediata para regularizar el ciclo lectivo.
El desarrollo de la gestión presupuestaria y la determinación final de los magistrados delinearán la continuidad de los servicios educativos en las próximas semanas.
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