Instituciones educativas privados y parroquiales contrataron servicios médicos falsos por sumas millonarias. La Justicia investiga la atención a menores de edad y dictó 29 detenciones tras detectar una red que operaba con sellos robados.
Instituciones educativas privados y parroquiales contrataron servicios médicos falsos por sumas millonarias. La Justicia investiga la atención a menores de edad y dictó 29 detenciones tras detectar una red que operaba con sellos robados.
La investigación judicial sobre una presunta red de medicina ilegal en el partido de La Matanza sumó una derivación institucional. Al menos 30 colegios privados y parroquiales del distrito denunciaron ante la Justicia haber suscripto convenios de emergencias médicas con empresas vinculadas a la clínica “Argentina Salud“, el establecimiento de González Catán señalado como el centro operativo de la organización.
Según consta en el expediente liderado por el fiscal Fernando Garate y el juez de garantías Rubén Ochipinti, las escuelas damnificadas habían contratado el servicio de “área protegida” para docentes y alumnos durante el ciclo lectivo 2026. Los acuerdos económicos estipulaban el pago anual de $1,3 millones por un tope de apenas 50 llamados de urgencia.
Los voceros judiciales confirmaron que el expediente incorporó pruebas que demuestran que, ante las llamadas de auxilio de las escuelas, la prestataria enviaba ambulancias sin habilitación, automóviles particulares y personal sin matrícula profesional en la República Argentina.
Luego de realizar las asistencias dentro de los establecimientos educativos, los falsos médicos emitían certificados con sellos de médicos matriculados a quienes les habían usurpado la identidad.
Dos testimonios resultaron determinantes para el avance de la causa. La ciudadana cubana Dunia Mercedes Suazo Pulido reconoció durante su declaración que no poseía el título revalidado para ejercer en el país y admitió el uso de sellos ajenos suministrados por Alberto Santarceri, sindicado como dueño de la clínica.
Asimismo, el ciudadano boliviano Carlos Covarrubias confesó que realizaba guardias de 24 horas en ambulancias y atendía urgencias en escuelas con documentación previamente sellada por terceras personas, percibiendo una remuneración de 80 mil pesos por jornada. Ambas declaraciones coincidieron en que las matrices identificatorias se devolvían al término del día a Sofía Luna, esposa del empresario imputado.
La pesquisa penal se inició a partir de la presentación judicial de una médica que constató la utilización no autorizada de matrícula. Los allanamientos posteriores se desplegaron en las localidades de González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning, donde las fuerzas de seguridad secuestraron material informático, documentación de valor legal, sellos médicos y automóviles con patentes adulteradas.
El proceso judicial mantiene a 29 personas detenidas. Los principales acusados afrontan cargos criminales por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos profesionales y comercialización ilegal de medicamentos, mientras que los propietarios de la firma optaron por abstenerse de declarar.
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