El juez Santiago Pedraz ordenó el requerimiento de documentación en la histórica sede de Madrid. Investigan si se usaron facturas falsas para financiar campañas de desprestigio contra los magistrados que acusan al oficialismo.
El juez Santiago Pedraz ordenó el requerimiento de documentación en la histórica sede de Madrid. Investigan si se usaron facturas falsas para financiar campañas de desprestigio contra los magistrados que acusan al oficialismo.
La política española se vio sacudida este miércoles por un operativo judicial de alto impacto en el corazón del partido de gobierno. Por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ubicada en la calle Ferraz de Madrid, para exigir la entrega de documentación clave y archivos electrónicos.
El procedimiento se ejecuta en el marco de una causa penal abierta que apunta a una presunta red organizada para “desestabilizar los procedimientos judiciales” que complican tanto al PSOE como al Ejecutivo nacional. El magistrado instructor justificó la irrupción policial argumentando la extrema gravedad de las maniobras bajo sospecha, así como el “elevado importe de las transacciones económicas” detectadas en las pesquisas preliminares.
La mira de la Audiencia Nacional está puesta sobre una serie de desembolsos económicos efectuados por la estructura del PSOE a favor de Leire Díez, una exmilitante de la agrupación. La hipótesis judicial sostiene que estos pagos estaban destinados a costear supuestas campañas de desinformación dirigidas a atacar la credibilidad de jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes jurídicas ligadas al caso aclararon que no se han detectado indicios de financiamiento ilegal del partido, sino que la investigación se centra en entregas de dinero que presuntamente eran camufladas mediante la emisión de facturas falsas.
Leire Díez es considerada por la Fiscalía española como la presunta líder de un “plan delictivo” cuyo objetivo primordial consistía en desacreditar a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para “anular” los expedientes judiciales que afectaban a empresarios y referentes políticos. No obstante, tras conocerse el operativo, la implicada rechazó las acusaciones en una entrevista radial, calificando la investigación como un “ataque continuo y constante” basado en noticias falsas.
A la par del requerimiento en la sede partidaria, el juez Pedraz resolvió ampliar las imputaciones a figuras de peso dentro del armado socialista. Entre los nuevos investigados formales sobresalen Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE; Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización (señalada por falsedad en documento mercantil); el empresario Javier Pérez Dolset y el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. El juez también advirtió que existen indicios que comprometen al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y al diputado Juan Francisco Serrano, aunque sus situaciones procesales se dirimirán más adelante. En la causa ya figuraban imputados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso.
El entramado delictivo bajo análisis abarca hasta nueve tipificaciones penales, incluyendo organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y delitos contra las instituciones del Estado.
La causa comenzó a gestarse en mayo de 2025 tras la filtración de audios donde se escuchaba a Díez buscar información sensible para desgastar a Antonio Balas, el jefe de la UCO que lidera las causas que afectan directamente al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. A cambio, ofrecía pactos de favor con la Fiscalía y la Hacienda foral de Navarra. Además, en diciembre pasado, Díez había sido detenida junto a Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a la SEPI, una trama de cobro de comisiones ilegales que involucra cinco operaciones por 132,9 millones de euros.
Desde Roma, donde se encontraba tras mantener una reunión oficial con el Papa, Pedro Sánchez se pronunció sobre el escándalo. El mandatario aseguró no estar al tanto de los pormenores del requerimiento en Ferraz, pero defendió firmemente la labor de la gerente imputada, calificando su gestión de “escrupulosa”, al tiempo que recordó que Díez fue apartada de la militancia en cuanto estalló el conflicto original. En los próximos días, se espera que el magistrado levante el secreto de sumario y fije las fechas para las declaraciones indagatorias.
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