El presidente boliviano Rodrigo Paz revocó la ley que limitaba los estados de excepción. Tras la aprobación del Congreso, las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para contener la cuarta semana de masivas protestas sociales que exigen la renuncia del mandatario.
El Gobierno de Bolivia profundizó sus medidas de seguridad ante la grave crisis social que sacude al territorio. El presidente Rodrigo Paz derogó formalmente la Ley 1341, una normativa que limitaba las facultades del Ejecutivo para decretar el estado de excepción. Según un reporte de La Nación, la decisión busca frenar de forma inmediata la escalada de violencia callejera.
Ejes centrales de la crisis institucional en Bolivia:
Cuatro semanas consecutivas de protestas masivas impulsadas por diversos sectores sociales.
Two tercios de votos favorables en la Cámara de Diputados para eliminar las restricciones legales.
Ley Eva Copa (1341): La normativa derogada regulaba estrictamente el uso de militares en conflictos internos.
La determinación legal se concretó luego de una sesión virtual de carácter nominal en la Cámara de Diputados, que actuó como instancia revisora. De acuerdo con información del medio local El Deber, la iniciativa ya contaba con el visto bueno del Senado desde el 24 de mayo, facilitando el libre despliegue de las Fuerzas Armadas.
El escenario de extrema conflictividad responde al fuerte descontento de sindicatos mineros, organizaciones campesinas y juntas vecinales. Los manifestantes rechazan con vehemencia el rumbo económico de corte liberal del oficialismo. Las demandas civiles exigen recomposiciones salariales urgentes y reclaman por severas fallas operativas en la distribución de combustible estatal.
Durante el debate parlamentario, los representantes oficialistas justificaron la supresión de la norma bajo el argumento de proteger a las fuerzas del orden. Las exposiciones políticas estuvieron fuertemente marcadas por discursos que responsabilizaron directamente a Evo Morales como el principal articulador y financista de la parálisis que sufre la nación.
Ante la magnitud del bloqueo logístico, múltiples legisladores pidieron avanzar de manera firme hacia la detención judicial del exmandatario indígena. El diputado Manolo Rojas, perteneciente al bloque del Partido Demócrata Cristiano (PDC), enfatizó que el país atraviesa un período de alta beligerancia civil que amerita el uso legítimo de la fuerza estatal.
El legislador fue taxativo al defender el rol de los uniformados frente a los disturbios en las principales capitales bolivianas. “La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado”, aseveró Rojas en declaraciones oficiales.
La eliminación de la normativa desmantela un andamiaje legal aprobado originalmente durante el mandato transitorio de Jeanine Áñez. Quienes defendieron la derogación señalaron que la Ley 1341 despojaba de atribuciones constitucionales clave al mandatario, impidiéndole restablecer la paz social y resguardar los edificios gubernamentales de ataques organizados.
En su alocución pública, Rojas profundizó la polarización al asegurar que la coyuntura actual confronta al pueblo boliviano con sectores extremistas. Mientras la retórica política se endurece, unidades de la policía nacional y destacamentos del Ejército iniciaron un robusto operativo en puntos estratégicos de la ciudad de La Paz.
La profunda desestabilización institucional en el país sudamericano encendió alertas inmediatas en la diplomacia de la región. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, manifestó su alarma y catalogó las protestas como acciones orientadas al derrocamiento de la gestión de Paz.
El oficialismo ratificó que no realizará modificaciones al capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que remueve topes a la adquisición de campos a extranjeros. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezan las negociaciones para la votación del 6 de agosto.
A pesar de la recuperación en sectores clave como minería y energía, el empleo privado registrado perdió 235.000 puestos desde fin de 2023. La industria y el comercio destruyen fuentes de trabajo, mientras las ramas en expansión automatizan procesos.
Together Business Consulting fue nombrada como agente de monitoreo para supervisar la cesión de seis millones de clientes tras la fusión con Telefónica.
Tras la polémica en redes sociales por un video viral, corrieron fuertes rumores de boicot y cancelaciones masivas. Sin embargo, los datos oficiales revelan otra realidad y confirman qué pasará con las cuatro funciones en el Movistar Arena.
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La directora gerente del FMI arribó a Buenos Aires, destacó el superávit, el derrumbe inflacionario y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, aunque advirtió sobre la complejidad de los procesos de ajuste.
El proceso de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo judicial clave. La Corte de Apelación de Milán emitió una resolución en la que declaró inadmisible el recurso presentado por la empresaria, frenando de este modo las pretensiones económicas millonarias que exigía en el marco de la ruptura
El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó al presidente argentino como “payaso” tras sus severas críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva. La fuerte fricción diplomática provocó la salida temporal del embajador brasileño de Buenos Aires.
