Un intenso operativo de seguridad se desplegó en el barrio de San Nicolás tras el hallazgo de un artefacto sospechoso en la Cámara de Apelaciones. El Escuadrón Antibombas evacuó el edificio y confirmó que se trataba de un simulacro de explosivo aéreo.
La mañana de este miércoles comenzó con una profunda alteración del orden institucional en pleno centro porteño. Un desconocido caminó hacia la entrada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en Viamonte 1147, y arrojó un bolso sospechoso en el ingreso principal antes de darse a la fuga de inmediato.
Detalles principales del despliegue antiterrorista en San Nicolás:
Dos horas de parálisis total en las dependencias judiciales y calles aledañas de la zona comercial.
Evacuación de emergencia de todo el personal administrativo, magistrados y ciudadanos presentes en el edificio.
Análisis balístico preliminar que determinó la ausencia absoluta de material explosivo activo o componentes químicos peligrosos.
El personal de custodia del edificio judicial detectó la maniobra de forma instantánea a través de los sistemas internos de vigilancia. Al constatar el abandono del bulto sin justificación alguna, los efectivos activaron de inmediato la alarma interna y solicitaron la intervención urgente de la Policía de la Ciudad para iniciar los protocolos de rigor.
La proximidad del edificio con el emblemático Teatro Colón y los despachos principales de Tribunales obligó a establecer un rápido cerco perimetral de tránsito. En pocos minutos, patrulleros de las comisarías vecinales cortaron las arterias principales de la calle Viamonte para facilitar el arribo seguro de las unidades tácticas de emergencia.
Las autoridades policiales dispusieron la evacuación inmediata y ordenada de la totalidad de las instalaciones gubernamentales. La prioridad del mando civil radicó en resguardar la integridad de los empleados y concurrentes, mientras el Escuadrón Antibombas asumía el control absoluto del perímetro afectado por la supuesta amenaza.
El operativo de alta complejidad técnica incorporó de forma coordinada a especialistas de la División Delitos Constitucionales y brigadas de Riesgos Especiales. Los operadores técnicos utilizaron equipamiento blindado de última generación para aproximarse al bolso y realizar las primeras radiografías analíticas del paquete abandonado en el suelo.
Tras intensas maniobras de precisión que se extendieron por más de 120 minutos, los peritos técnicos lograron abrir el contenedor textil. Los exámenes pormenorizados demostraron que el objeto consistía en una réplica exacta de una bomba aérea, manufacturada con el evidente propósito de simular un artefacto de destrucción masiva real.
Una vez descartada la presencia de pólvora, detonadores electrónicos o sustancias tóxicas volátiles, los inspectores declararon la zona como segura. Las autoridades judiciales autorizaron de forma paulatina el reingreso de los trabajadores públicos a sus puestos laborales, reanudando el normal funcionamiento de las actividades de los tribunales del distrito.
La gravedad del atentado contra el normal funcionamiento del Poder Judicial derivó en la apertura inmediata de una causa penal de carácter federal. El expediente quedó radicado de forma oficial en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, bajo la conducción del magistrado Sebastián Ramos.
La causa judicial fue caratulada de manera provisional bajo la figura de intimidación pública, un delito tipificado con severas penas de prisión efectiva. La Secretaría N°4, dirigida por el doctor Esteban Murano, comenzó a coordinar las primeras directivas procesales destinadas a identificar al responsable material del hecho.
Los investigadores de la Policía de la Ciudad procedieron al secuestro inmediato de las cintas de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector. Los peritajes fílmicos analizan detalladamente la fisonomía y la ruta de escape del sospechoso, buscando establecer su geolocalización exacta en las próximas horas del día.
Desde la fuerza de seguridad metropolitana remarcaron la alta irresponsabilidad civil que conllevan este tipo de conductas delictivas en zonas densamente pobladas. Las brigadas especializadas recordaron que la simulación de elementos explosivos lesiona gravemente la paz social y detrae recursos fundamentales destinados a la prevención del delito cotidiano.
La División Delitos Constitucionales continuará liderando las tareas de inteligencia criminal para determinar si el suceso responde a una acción aislada o planificada. Las autoridades gubernamentales ratificaron su compromiso de sancionar con máxima severidad cualquier tentativa de obstaculizar el normal desempeño de las instituciones democráticas del país.
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