Facundo Leal, un abogado mendocino de 42 años que logró tejer influencia en las administraciones de Alberto Fernández y de Javier Milei, terminó arrestado en su departamento de Palermo. Lo que comenzó como una auditoría estatal derivó en el hallazgo de una fortuna en efectivo y diversas drogas.
Un pie en cada gestión: la red de influencia de Leal
A lo largo de casi dos décadas en la función pública, Leal construyó un perfil de alto peso técnico y político. En 2022, durante la gestión del Frente de Todos, asumió la presidencia de ARSAT, la empresa estatal que administra la infraestructura crítica de telecomunicaciones.
Conservó su posición tras el cambio de signo político en diciembre de 2023 y, en 2025, el gobierno de La Libertad Avanza lo designó al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Su salida formal de la gestión libertaria ocurrió a fines de enero de 2026. Según trascendidos periodísticos, el mendocino y el entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini, fueron “invitados a dejar sus cargos luego de utilizar una aeronave vinculada al entorno del dirigente futbolístico Pablo Toviggino para realizar un viaje a Barcelona.”
Pese a su desplazamiento político, al momento de ser arrestado seguía ligado formalmente a la nómina de empleados de planta permanente de ARSAT.
El botín oculto entre Palermo y Mendoza
El arresto domiciliario en Buenos Aires dejó al descubierto un inesperado escenario para los agentes de seguridad. En la propiedad de Palermo se incautaron 650.000 dólares, billetes de otras seis naciones, cocaína, ketamina y drogas sintéticas.
Sin embargo, la sorpresa mayor apareció en su provincia natal: las declaraciones juradas del exfuncionario guiaron a los investigadores hacia otras siete propiedades en Mendoza, y en una de ellas hallaron más de 1,7 millones de dólares en efectivo.
El origen de la causa: del faltante técnico a la corrupción
La paradoja del caso radica en que la Justicia Federal de San Isidro, bajo la instrucción del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, no buscaba inicialmente desbaratar una red de estupefacientes.
La causa penal nació al inicio de la gestión de Milei, motivada por una denuncia oficial por el “presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT”.
Al avanzar con las pericias informáticas, los sabuesos judiciales detectaron indicios de potencial corrupción en los contratos de la firma satelital. Esto gatilló una docena de allanamientos simultáneos. Además de la millonaria suma de dinero, la Justicia secuestró notebooks, celulares, un iPad y una balanza de precisión que serán peritados en las próximas semanas.