La entidad pyme criticó las recomendaciones del organismo internacional y exigió poner el foco en el verdadero nudo fiscal del país: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales.
La entidad pyme criticó las recomendaciones del organismo internacional y exigió poner el foco en el verdadero nudo fiscal del país: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales.
El Fondo Monetario Internacional publicó el pasado 26 de mayo de 2026 una serie de recomendaciones de reforma tributaria para la Argentina que proponen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender el IVA a bienes exentos y elevar las categorías del Monotributo.
Ante este escenario, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su enérgico rechazo, advirtiendo que se trata de “reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos”, sin aliviar la carga que verdaderamente asfixia a la producción y a la inversión.
Para la entidad pyme, el diagnóstico del organismo internacional omite por completo la tributación interna de las jurisdicciones, señalando que allí reside “el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”.
A diferencia de Ganancias, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es un gravamen en cascada que representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas, acumulando distorsiones en cada etapa productiva independientemente de la rentabilidad real de las empresas.
A este entramado se le suma el impacto de las tasas exigidas por más de 2.300 municipios (como Seguridad e Higiene o Habilitación Comercial), que añaden una alícuota de hasta el 1,2% sobre la facturación sin una contraprestación verificable en servicios, lo que constituye uno de los principales desincentivos para la radicación de inversiones en el interior del país.
El informe de CAME detalla que los regímenes provinciales de retención y percepción actúan como un lesivo mecanismo de adelanto de recaudación. Al fijar alícuotas arbitrarias que superan el impuesto real, se generan saldos a favor acumulados que los fiscos tardan entre 12 y 36 meses en devolver, diluyendo su valor real por la inflación. La entidad denuncia que este mecanismo “opera como un préstamo forzoso sin remuneración al fisco provincial”, absorbiendo de forma directa el capital de trabajo de los comercios.
Frente a esta crisis estructural, CAME reclama la convocatoria urgente a un Nuevo Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios. La propuesta central busca armonizar los padrones de retención y, fundamentalmente, eliminar el IIBB en las etapas intermedias de producción para aplicarlo exclusivamente en la venta final al consumidor, emulando el modelo del IVA.
Como conclusión, la entidad empresaria advierte de forma tajante que “reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera un solo puesto de trabajo”, sino que profundiza un círculo vicioso que paraliza la demanda interna y destruye el consumo doméstico.
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