Tribunales federales dictaron la sentencia original el treinta de abril de 2024, oportunidad en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 le impuso una pena de cuatro años y ocho meses de prisión.
Los magistrados determinaron su responsabilidad penal como autor del delito de administración fraudulenta agravada, debido al otorgamiento irregular de facilidades impositivas a la firma Oil Combustibles.
Dicha maniobra, según comprobaron los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo en la instancia de revisión, significó el desvío de 8000 millones de pesos provenientes del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles.
Paralelamente, el proceso judicial mantuvo las absoluciones de los accionistas de la firma privada, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyos legajos se encuentran actualmente en la etapa de análisis ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los abogados defensores del ex jefe civil recurrieron en última instancia al máximo tribunal mediante un recurso de queja directo para intentar revertir la condena por fraude. Una eventual desestimación de este planteo por parte de la corte dejará el fallo en condiciones de ejecución efectiva, lo que determinaría la detención inmediata del ex inspector aduanero.
Sin embargo, los anteriores procesos penales contra el ex funcionario, tales como el intento de ingreso de una valija con 800 mil dólares en 2007 o presuntas anomalías con vehículos diplomáticos extranjeros, culminaron en absoluciones definitivas. Aquella gestión al frente del fisco nacional entre 2009 y 2015 constituyó uno de los períodos de mayor centralización de facultades de control comercial en las últimas décadas.