El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en la etapa final para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La documentación oficial se formalizará en una semana crucial, marcada por la fuerte presión de la oposición y de sectores internos del propio oficialismo.
Las claves detrás de la demora patrimonial:
Un mes se cumplió desde la promesa pública del presidente Javier Milei.
Hasta el 31 de julio se extiende el plazo legal establecido para los ministros.
El jueves inicia el Mundial, fecha estratégica que la gestión busca aprovechar.
El retraso del trámite ocurre exactamente un mes después de que el presidente Javier Milei afirmara públicamente que el funcionario ya tenía listos sus números. Las idas y vueltas generaron tensiones en la Casa Rosada, donde varios ministros optaron por retener sus propios papeles para no dejar expuesto al coordinador.
La estrategia gubernamental apunta a que la atención pública se desplace hacia el inicio del Mundial, cuyo partido inaugural se disputará en México. En los pasillos de Balcarce 50 admiten que el evento deportivo representará un alivio mediático para descomprimir los duros cuestionamientos sobre el patrimonio del vocero.
Investigaciones judiciales y justificación de fondos
Los asesores legales y contables de Adorni trabajan minuciosamente para justificar el incremento de su patrimonio y el financiamiento de sus traslados recientes. La lupa de la Justicia Federal sigue puesta sobre un periplo realizado por el funcionario y sus allegados hacia la ciudad uruguaya de Punta del Este.
Dicha travesía se investiga bajo la presunta figura penal de dádivas de empresas privadas, debido a facturas emitidas por una productora contratada por canales estatales. Paralelamente, los tribunales ya desestimaron otra denuncia previa vinculada al uso del avión oficial para un viaje familiar hacia el territorio de Estados Unidos.
En los despachos oficiales trascendió que el esquema patrimonial incluiría herencias y préstamos documentados con terceras personas para cerrar las cifras del informe. Los colaboradores directos confían en que una presentación sólida ante el organismo de control evitará una posterior imputación judicial por enriquecimiento ilícito.