Washington penalizó a un centenar de funcionarios centroamericanos

Estados Unidos revocó el visado a cien funcionarios nicaragüenses por la muerte en prisión del líder indígena Brooklyn Rivera. Washington responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por la falta de atención médica y las trabas impuestas al sepelio del dirigente.

El Departamento de Estado de la Unión Americana oficializó la revocación de visados para un nuevo contingente de autoridades gubernamentales de Nicaragua, vinculando directamente la medida al fallecimiento bajo resguardo judicial del exdiputado y dirigente miskito Brooklyn Rivera. El titular de las relaciones exteriores estadounidenses, Marco Rubio, manifestó formalmente el rechazo de su administración ante el progresivo deterioro físico que sufrió el activista de setenta y tres años durante su período de reclusión en la capital del país centroamericano, una situación que culminó con su muerte hospitalaria. Las medidas de restricción de movilidad se extienden también a los círculos familiares de los sancionados, como parte de una política de presión sostenida que ya acumula miles de penalizaciones individuales contra colaboradores directos del Ejecutivo nicaragüense por su participación en el aparato represivo de Managua.

La diplomacia norteamericana individualizó responsabilidades en figuras del andamiaje estatal como Lumberto Campbell Hooker, sobre quien ya pesaban castigos económicos previos, acusándolo de bloquear los tratamientos terapéuticos requeridos por el dirigente indígena durante su cautiverio y de interferir de manera directa en los ritos fúnebres organizados por sus allegados. Los portavoces de la Casa Blanca reafirmaron su compromiso con las demandas de institucionalidad del pueblo de la nación caribeña, condenando las acciones del entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente al tratamiento de los disidentes. Este incremento en las sanciones consulares busca aislar internacionalmente a los mandos medios y superiores de las agencias gubernamentales que convalidan el hostigamiento a las minorías étnicas y a los opositores políticos en el territorio.

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