Autoridades penitenciarias de La Rioja generaron repudio tras festejar el título universitario de Denis Pereyra Fincatti, condenado por abusar de una menor. Ante el hecho, el Colegio de Psicopedagogos provincial confirmó que no le otorgará la matrícula profesional.
El Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja generó controversia tras difundir la graduación universitaria de Denis Walter Pereyra Fincatti, un interno que cumple una condena de 10 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado y promoción a la corrupción de una menor de edad.
El hombre obtuvo el título de licenciado en Psicopedagogía dentro del contexto de encierro, hecho que las autoridades penitenciarias calificaron inicialmente como un hito de inclusión. Ante la publicación, el Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de La Rioja anunció que el egresado no podrá ejercer la profesión en el territorio nacional.
La presidenta del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de La Rioja, Sonia Galleguillo, confirmó el rechazo a cualquier solicitud de alta en el padrón por parte del condenado. La medida se respaldó en la Ley Provincial N° 10.825, sancionada el año pasado, cuyo artículo 43 establece la presentación obligatoria del Certificado de Antecedentes Penales como requisito indispensable para obtener la matrícula.
Galleguillo argumentó que la legislación local está alineada con tratados internacionales y con el Código Penal, los cuales contemplan restricciones aplicables a la docencia, la medicina y disciplinas afines.
La entidad, que actualmente nuclea a 206 profesionales matriculados, informó sobre la situación a la Federación Argentina de Psicopedagogos para coordinar las implicancias de la restricción en las demás jurisdicciones del país. El organismo técnico fundamentó que ante cualquier solicitud se prioriza la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, participó de la presentación del logro académico del interno, quien obtuvo un ocho en su examen final en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).
Las autoridades difundieron una fotografía institucional junto al residente donde destacaron el valor de la educación superior pública como herramienta de transformación social en espacios de privación de la libertad.
La difusión del acontecimiento provocó reacciones negativas en plataformas digitales por parte de usuarios y referentes sociales. Los cuestionamientos se centraron en la decisión estatal de otorgar reconocimiento público al logro de un ciudadano condenado por delitos contra la integridad sexual de una menor, omitiendo el impacto de la comunicación en las víctimas. Debido a las críticas recibidas, la institución carcelaria optó por desactivar las interacciones en sus cuentas oficiales de redes sociales.
El dictamen emitido por el tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial determinó la culpabilidad de Pereyra Fincatti por hechos cometidos entre 2017 y 2018. El tribunal, integrado por los magistrados Sara Alicia López Douglas, Karina Daniela Cabral y Jorge Gamal Abdel Chamía, comprobó que el condenado ejercía como profesor de clases de apoyo de la víctima, quien tenía 8 años al momento de los incidentes.
De acuerdo con el expediente del Superior Tribunal de Justicia, el imputado utilizaba su rol pedagógico y dinámicas de juegos para consumar los abusos en su domicilio particular.
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