El imputado Roberto Bárzola intimó a Marcelo y Facundo Macarrón a retractarse y pagar 300 millones de pesos por dañar su honor. La familia, que lo vincula al femicidio por pruebas de ADN, rechazó el reclamo considerándolo una revictimización.
El imputado Roberto Bárzola intimó a Marcelo y Facundo Macarrón a retractarse y pagar 300 millones de pesos por dañar su honor. La familia, que lo vincula al femicidio por pruebas de ADN, rechazó el reclamo considerándolo una revictimización.
La compleja trama judicial en torno al homicidio de Nora Dalmasso sumó un nuevo capítulo de alta conflictividad civil luego de que Roberto Bárzola, el especialista en pisos de madera vinculado recientemente al expediente penal, enviara una notificación formal a los familiares de la mujer asesinada en la localidad de Río Cuarto. Patrocinado por el letrado Zacarías Ramírez Rigo, el sospechoso reclama el pago de trescientos millones de pesos y una desmentida pública por parte de Marcelo y Facundo Macarrón, argumentando que las aseveraciones efectuadas por ambos durante las audiencias de destitución de los antiguos instructores de la causa destruyeron su buen nombre y vulneraron el principio de inocencia, configurando un linchamiento en las plataformas de comunicación antes de que se formalice un debate oral en su contra.
El reclamo económico y la exigencia de rectificación surgen tras las fuertes declaraciones de los allegados a la víctima en el marco del jury que derivó en la remoción de tres fiscales por mal desempeño y omisiones graves en las pesquisas. El núcleo familiar de la mujer estrangulada ratificó que no modificará su postura, señalando que la evidencia científica recopilada a finales del período anterior expone rastros capilares del trabajador en el área de la agresión y componentes genéticos en la prenda empleada como lazo mortal. Frente a esta intimación, el entorno de los Macarrón manifestó su indignación en ámbitos televisivos, catalogando la demanda del acusado como un proceso de revictimización sistémica, al tiempo que sus asesores legales aclararon no haber recibido la documentación física en sus oficinas y anticiparon que dirimirán los cuestionamientos en el fuero correspondiente respaldándose en los peritajes científicos vigentes.
La controversia penal de fondo se reactivó cuando nuevos cotejos sobre más de un centenar de muestras arrojaron compatibilidad con los datos biológicos del colocador de parqué, quien realizaba tareas de mantenimiento en el inmueble antes del trágico desenlace de noviembre de 2006. Mientras la querella familiar presiona para lograr una condena definitiva basada en el hallazgo de estas pruebas biológicas que permanecieron ignoradas por las anteriores autoridades, la defensa del nuevo involucrado interpuso recursos para declarar la caducidad de la acción estatal, amparándose en el transcurso de las casi dos décadas del hecho y los plazos de extinción previstos por las normas de fondo, un laberinto técnico que el Ministerio Público Fiscal deberá resolver en lo inmediato.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
IMPSA, la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei, firmará un acuerdo con Venezuela para reactivar dos centrales hidroeléctricas tras diez años de parálisis. Con aval de Estados Unidos, el proyecto sumará 672 megavatios al deteriorado sistema eléctrico caribeño.
Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
Empresarios de la construcción reclamaron la reactivación de la obra pública y previsibilidad contractual. La demanda sumó el apoyo de Mauricio Macri, quien exigió eliminar el cepo, y de gobernadores que impulsan proyectos mediante la minería y el RIGI.
La esposa del jefe de Gabinete se adhirió al blanqueo impositivo mientras el juez Lijo investiga a su consultora por supuestas negociaciones incompatibles con proveedores estatales. La justicia indaga transferencias millonarias y un llamativo incremento en el patrimonio familiar.
Un ciudadano colombiano de 29 años fue detenido en Torrevieja y será expulsado de España por cinco años tras matar a golpes al gato de su expareja. El fallo sienta un precedente al sustituir la prisión por la repatriación obligatoria.
