Desde el entorno más cercano al jefe de ministros confirmaron de forma inmediata la información impositiva que trascendió en las últimas horas. Sin embargo, los voceros gubernamentales buscaron despegar tajantemente esta decisión de una presunta búsqueda de “inocencia fiscal” o regularización de divisas.
Según explicaron fuentes oficiales, la incorporación a este sistema responde estrictamente a una facilidad administrativa que provee el organismo recaudador. “No va a ser para blanquear dinero”, enfatizaron allegados al funcionario, garantizando que no se notificará la existencia de dólares en efectivo no declarados previamente.
La estrategia defensiva del matrimonio argumentará que la evolución de sus activos se respalda, fundamentalmente, en la tenencia legítima de criptomonedas. De acuerdo a los plazos legales, la presentación de la correspondiente declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción es inminente y se concretará esta semana.
Investigación patrimonial y frentes judiciales abiertos
Más allá de las justificaciones administrativas brindadas por el entorno del funcionario, el avance de la causa penal avanza a paso firme en los tribunales federales de Retiro. El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo aguardan peritajes contables determinantes sobre los números del jefe de Gabinete.
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja contrarreloj en un minucioso informe técnico. Este estudio cruzará detalladamente los ingresos, consumos y deudas del imputado para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante la gestión pública.
El foco de la Justicia civil y comercial está puesto en la adquisición y remodelación de un departamento en Caballito y una propiedad en un barrio privado. Los investigadores intentan certificar cómo se financiaron esas operaciones inmobiliarias en paralelo a una presunta deuda de 335.000 dólares con acreedores privados.