Tras más de dos años de puja, representantes de las casas de estudio y el Poder Ejecutivo Nacional acordaron este miércoles un incremento salarial del 24,33% y refuerzos presupuestarios. El sector universitario mantendrá la demanda ante la Corte.
Tras más de dos años de puja, representantes de las casas de estudio y el Poder Ejecutivo Nacional acordaron este miércoles un incremento salarial del 24,33% y refuerzos presupuestarios. El sector universitario mantendrá la demanda ante la Corte.

El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes firmaron un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario que se extendió por más de dos años.
El acta formalizada en el Palacio Sarmiento estableció una partida de 800.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Economía destinada a la recomposición de los haberes del sector y al fortalecimiento de los gastos operativos de las universidades nacionales.
Representantes del Poder Ejecutivo y de las casas de estudio pautaron un incremento de la masa salarial del 24,33%. Este porcentaje se distribuirá en dos etapas: un 21,33% en el mes de junio, calculado sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% adicional en octubre, aplicable sobre los sueldos de septiembre.
Según la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cifra contempla el desfasaje del año 2025, la inflación acumulada hasta mayo de este año y un 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante 2024.
Paralelamente, las partes fijaron un esquema de paritarias trimestrales para monitorear la evolución de los salarios frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El entendimiento económico incluyó también una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento generales y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano, cuyos montos permanecían fijos en 81.685 pesos desde 2024. Las becas Progresar no percibieron modificaciones en esta negociación.
Por otro lado, el acuerdo dispuso además una partida de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios correspondientes al ejercicio 2026. Estos fondos específicos se adicionarán a los 80.000 millones de pesos que ya estaban previstos en el presupuesto nacional.
La readecuación presupuestaria se produjo semanas después de que la administración central aplicara un recorte de 2,5 billones de pesos en diversas áreas del Estado con el propósito de preservar el equilibrio fiscal.
La firma del documento buscó aminorar el impacto de una crisis que acumuló cuatro marchas federales, paros docentes y la renuncia de 10.000 profesores en todo el país, según registros del CIN.
Pese al consenso financiero, las autoridades universitarias aclararon que no retirarán la demanda judicial que se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario. El Poder Ejecutivo argumenta que dicha legislación no especificaba las fuentes de recursos y afectaba la Ley de Administración Financiera.
La resolución definitiva del diferendo legal continuará en el ámbito judicial, dado que el máximo tribunal no posee plazos perentorios para emitir un fallo. Por su parte, las autoridades gubernamentales anticiparon que el esquema definitivo de financiamiento para el sector volverá a ser evaluado durante las próximas discusiones legislativas vinculadas al Presupuesto 2027.
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