Registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmaron la incorporación de miembros del Poder Ejecutivo al sistema tributario de la Ley 27.799. La medida genera controversia por el alcance del denominado tapón fiscal.
Registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmaron la incorporación de miembros del Poder Ejecutivo al sistema tributario de la Ley 27.799. La medida genera controversia por el alcance del denominado tapón fiscal.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró en los últimos meses la solicitud de varios funcionarios de primera línea para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), una herramienta creada bajo la Ley de Inocencia Fiscal.
El sistema reduce las exigencias de las declaraciones tradicionales y establece un mecanismo más ágil para la liquidación del tributo. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben registrar ingresos totales inferiores a $1000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.
El exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó su adhesión para el período fiscal 2025. El trámite se concretó diez días después de la inscripción de su esposa, Bettina Angeletti. Paralelamente, la plataforma de ARCA expuso que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger ingresó al sistema el 7 de mayo, mientras que el secretario de Justicia Santiago Viola lo hizo el 7 de abril.
Desde la cartera de Desregulación explicaron que más de 80.000 argentinos ya utilizaron esta opción vigente. Asimismo, fuentes oficiales aclararon que la presentación no constituye ninguna irregularidad y representa una alternativa administrativa permitida para los contribuyentes que reúnen las condiciones normativas.
La incorporación de estas figuras públicas reactivó la discusión sobre el “tapón fiscal”. Este beneficio otorga una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas y cubre los tres períodos fiscales anteriores.
Sin embargo, especialistas tributarios advirtieron que la ventaja se extingue si el fisco detecta una discrepancia superior al 15% a su favor. Por otra parte, la normativa estipula expresamente que la adhesión no interrumpe ni clausura las causas penales por enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
Esta salvedad técnica resulta central debido a la situación judicial de algunos firmantes. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan la evolución patrimonial de Adorni tras ordenar el levantamiento de sus secretos fiscal y bancario.
Una situación similar atraviesa el titular de ARCA, Andrés Vázquez, quien se inscribió al régimen el 14 de marzo de este año y posee una denuncia por presuntos bienes no declarados en el exterior.
Otros nombres del espacio oficialista figuran en el listado de adherentes. El director de Realización Audiovisual de la Presidencia Santiago Oría se incorporó el 6 de abril, la jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete Aimé Vázquez lo hizo el 20 de mayo y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior Felipe Núñez se sumó el 1° de junio. El exjefe de Gabinete Guillermo Francos también optó por el mecanismo el 17 de abril.
Las consultas en los registros tributarios expusieron marcadas diferencias dentro de la estructura gubernamental. El presidente de la Nación Javier Milei y la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel no registran solicitudes de ingreso al esquema simplificado de Ganancias.
En tanto, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello permanece inscripta como monotributista en la categoría G, y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei figura en la categoría A del mismo régimen.
El debate administrativo coincide con la proximidad del vencimiento para presentar las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, cuyo plazo formal fue extendido por el organismo hasta el 31 de julio.
Las decisiones adoptadas por los funcionarios abren un interrogante sobre el impacto real que tendrá la simplificación tributaria en el control de las declaraciones patrimoniales de las personas políticamente expuestas (PEP).
Resta determinar si el nuevo diseño fiscal de ARCA garantizará la transparencia que demanda la ciudadanía o si, por el contrario, terminará complejizando las auditorías sobre las evoluciones de los bienes públicos en las instancias judiciales correspondientes.
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