La flexibilización de cupos comerciales genera visiones encontradas entre el sector productivo y las organizaciones ambientales por el equilibrio de los humedales de la región litoral.
La flexibilización de cupos comerciales genera visiones encontradas entre el sector productivo y las organizaciones ambientales por el equilibrio de los humedales de la región litoral.
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos autorizó la captura comercial de hasta 100.000 ejemplares de coipo mediante la resolución 152/26. La medida, vigente entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, reabrió el debate sobre la sustentabilidad de los recursos autóctonos y el control de los perjuicios en la infraestructura rural. El nuevo límite representa una disminución de 50.000 animales en comparación con el período del año anterior.
Los mamíferos roedores habitan de forma numerosa en las zonas anegables del sur provincial, especialmente en el departamento Islas de Ibicuy. Los productores de la región señalaron que las colonias grandes alteran las pasturas naturales y dañan las obras hidráulicas costeras.
En sintonía con este reclamo, el dirigente rural Sergio Dalcol explicó que los animales provocan destrozos en terraplenes, canales y aguadas debido a sus hábitos de alimentación y excavación.
Paralelamente, los pobladores locales mantienen la comercialización de pieles a las barracas a un valor de 8.000 pesos por pieza que cumpla con las medidas regulatorias básicas, utilizando además la carne como base alimentaria.
Desde la perspectiva oficial, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, argumentó que la reglamentación otorga trazabilidad a un circuito socioeconómico de pequeña escala preexistente.
El funcionario precisó que la especie posee múltiples pariciones anuales y descartó riesgos de conservación ecológica. Asimismo, recordó que la provincia registraba cupos superiores al millón de cueros a principios de siglo, cifra que descendió por la pérdida de mercados externos de la industria peletera.
Las entidades dedicadas a la protección ambiental manifestaron su desacuerdo con la continuidad de las autorizaciones comerciales. El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) advirtió que la remoción de ejemplares desestabiliza el funcionamiento natural de los sistemas acuáticos litoraleños. La organización calificó la normativa como un retroceso en la conservación de las especies locales fuera de los parques bajo resguardo formal.
Por otra parte, los representantes conservacionistas señalaron una inconsistencia entre la promoción de actividades de caza y los programas oficiales que posicionan a la provincia como destino de turismo ecológico y observación de fauna. La normativa actual prohíbe las capturas exclusivamente dentro del perímetro de las reservas naturales declaradas.
El escenario plantea una discrepancia compleja entre los requerimientos de la producción rural y la preservación integral de los ecosistemas fluviales. El aprovechamiento regulado de las especies nativas frente a las demandas de resguardo de la biodiversidad permanece como un eje de discusión sin consenso definitivo entre las partes involucradas.
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