Tras la ruptura de la tregua diplomática mediada por China, Pakistán bombardeó bases insurgentes en la frontera con Afganistán, desatando un cruce de acusaciones por la presunta muerte de once niños y 26 combatientes.
Tras la ruptura de la tregua diplomática mediada por China, Pakistán bombardeó bases insurgentes en la frontera con Afganistán, desatando un cruce de acusaciones por la presunta muerte de once niños y 26 combatientes.
El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, informó el miércoles sobre la ejecución de ataques aéreos dirigidos contra campamentos y refugios en la zona limítrofe con Afganistán.
La administración paquistaní aseguró que la operación militar resultó en la muerte de 26 integrantes del grupo ilegal Tehreek-e-Taliban Pakistan, organización a la que el gobierno de Islamabad denomina formalmente Fitna-al-Khawarij.
Por su parte, el portavoz de los talibanes afganos, Zabihullah Mujahid, rechazó la versión de las bajas combatientes y afirmó que los bombardeos impactaron en tres provincias, causando la muerte de trece civiles, entre los que se contabilizaron 11 niños.
Ante esta declaración, el Ministerio de Información de Pakistán descalificó las afirmaciones de Kabul mediante sus canales de verificación de datos, señalando que las agrupaciones extremistas utilizan de manera sistemática a la población civil como escudos en sus infraestructuras logísticas.
Las incursiones aéreas de Pakistán ocurrieron después de una sucesión de atentados en su territorio, cuyo detonante directo fue el asalto registrado el 9 de junio contra un puesto de la Policía Federal en Musa Dara, en las afueras de Peshawar.
En ese incidente, seis agentes fronterizos fallecieron y tres más fueron secuestrados durante el enfrentamiento. El ministro Tarar precisó que las fuerzas armadas destruyeron cuatro objetivos estratégicos, incluidos un centro de entrenamiento y un depósito de municiones vinculados a los comandantes insurgentes Aleem Khan Khushali y Akstar Muhammad Jani Khel.
La escalada militar interrumpió el cese de hostilidades que ambas naciones mantenían desde abril, luego de una ronda de negociaciones celebrada en Urumqi, China.
Durante ese encuentro, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní condicionó el avance de las relaciones bilaterales a que el régimen talibán catalogue formalmente al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan como terrorista y desmantele sus bases operativas en suelo afgano. El gobierno de Kabul ha desestimado las exigencias bajo el argumento de que la insurgencia armada es un problema interno de Pakistán.
La provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa enfrentó un incremento del 50% en la violencia armada durante el año anterior, periodo en el que se registraron 1.588 incidentes relacionados con el terrorismo, de acuerdo con datos del Departamento Antiterrorista.
A pesar de que los organismos de seguridad locales reportaron la detención de 1.244 presuntos extremistas, los ataques dirigidos contra el personal policial aumentaron de 327 en 2024 a 510 en 2025, evidenciando el flujo constante de hostilidades en los distritos tribales de la frontera occidental.
El recrudecimiento de las acciones militares se inscribe en la continuidad de la Operación Ghazab lil-Haq y las directrices del Plan de Acción Nacional paquistaní. Las acusaciones mutuas de desestabilización dificultan los canales diplomáticos, mientras Pekín intenta coordinar un segundo encuentro de mediación para contener el conflicto regional.
Resta determinar si las presiones militares en la frontera forzarán un cambio en la política de seguridad del gobierno talibán o si consolidarán un escenario de guerra abierta en una de las regiones más inestables de Asia.
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