Michelle Bachelet defendió su candidatura a la secretaría general de la ONU en Ginebra, minimizando un posible veto de las potencias mundiales. Apoyada por Brasil y México, pero sin el respaldo del gobierno chileno, propuso una gestión independiente y ágil.
La postulación para conducir los destinos del principal foro global sumó un capítulo de definiciones en territorio europeo, donde la exjefa de Estado Michelle Bachelet manifestó su total convicción política frente a la posibilidad de que los miembros de la cúpula decisoria del organismo bloqueen su camino hacia la conducción central. En el marco de un encuentro de deliberación pública junto a otras referentes latinoamericanas, la dirigenta socialista remarcó que recibir un rechazo fundado en sus posturas a favor de las libertades públicas, la igualdad de género y el pluralismo internacional constituiría un reconocimiento a su trayectoria. El apoyo a su figura es impulsado formalmente por las administraciones de Brasil y México, contrastando con el actual Ejecutivo de su país natal conducido por el conservador José Antonio Kast, que optó por retirar el respaldo que previamente había estructurado la anterior gestión gubernamental chilena.
El recambio de la jefatura internacional, cuyo mandato actual expira a finales de año, mantiene atentos a los cinco estados con facultades de restricción absoluta dentro del cuerpo de seguridad global. Durante su exposición en Suiza ante entidades que promueven la equidad de representación en las altas esferas gubernamentales, la candidata delineó una propuesta de gestión caracterizada por la descentralización, la presencia territorial y una profunda reestructuración administrativa orientada a ganar dinamismo. Asimismo, ponderó la necesidad de una conducción con suficiente autonomía para intervenir mediante la conciliación y el amparo legal ante crisis transnacionales, evitando que el cargo se diluya en un rol meramente analítico del escenario exterior.
La trayectoria de la referente sudamericana incluye el haber liderado la agencia fundacional dedicada al desarrollo de la población femenina, además de su posterior desempeño en la máxima oficina de supervisión humanitaria global con base en esa misma ciudad suiza. Este recorrido robustece su propuesta frente a la de otros competidores de diversas regiones que también buscan suceder al actual secretario general, en un proceso de selección que evalúa el perfil y las capacidades de negociación colectiva de los aspirantes. A pesar de las resistencias ideológicas que genera su plataforma en determinados sectores de la geopolítica, la postulante ratificó su disposición para entablar diálogos en cualquier geografía donde resulte indispensable restablecer el entendimiento mutuo.
Argentina reportó 4060 muertes viales, con un marcado contraste regional: el norte registró las tasas de mortalidad más altas debido al uso riesgoso de motos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires logró el índice más bajo gracias al cumplimiento del casco.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
