Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
La administración estadounidense dictó medidas punitivas contra la Unión Cuba-Petróleo, inhabilitando de forma inmediata cualquier transacción comercial o de capital de la compañía caribeña en territorio norteamericano. El anuncio oficial, formalizado por la conducción del Departamento de Estado, introduce a la entidad refinadora en los registros de restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las autoridades federales argumentaron que la administración isleña utiliza los recursos energéticos para el sostenimiento de su aparato militar y de inteligencia, señalando además el acaparamiento de carburantes y la supuesta comercialización irregular en plazas alternativas mientras se impone un racionamiento a los habitantes locales. La sanción también invoca el estatus de las instalaciones productivas, alegando que forman parte de antiguos bienes expropiados a inversores de origen estadounidense.
La respuesta de los representantes oficiales de la nación antillana no se hizo esperar, manifestando un enérgico rechazo a las determinaciones adoptadas por las oficinas de Washington. El responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores del archipiélago denunció que la maniobra busca asfixiar el abastecimiento logístico y productivo de la población mediante argumentos que calificó de falsedades malintencionadas. El representante del cuerpo diplomático cubano atribuyó el endurecimiento de la política exterior a las ambiciones particulares y al posicionamiento electoral de los sectores más radicales del gabinete norteamericano. Desde la óptica de La Habana, estas acciones recrudecen el prolongado aislamiento al que es sometido el país, apelando a presiones que dañan de manera directa la estabilidad social y la infraestructura de servicios básicos.
El lunes feriado alterará los servicios en el AMBA: trenes, subtes y colectivos circularán con cronogramas de domingo. La recolección de residuos nocturna funcionará normal en CABA, mientras que los hospitales mantendrán activas solo sus guardias de emergencia y el SAME.
La Legislatura porteña debate un endurecimiento del Código Contravencional contra los cuidacoches, elevando las multas y los días de arresto. El proyecto penaliza la intimidación, las mafias organizadas y el accionar en eventos masivos, generando cruces con la oposición.
Argentina reportó 4060 muertes viales, con un marcado contraste regional: el norte registró las tasas de mortalidad más altas debido al uso riesgoso de motos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires logró el índice más bajo gracias al cumplimiento del casco.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
