Investigación por dádivas y desvíos patrimoniales en el ente de control aeroportuario

El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

Noelia Ruiz, titular de ORSNA

Los tribunales de Comodoro Py comenzaron a desentramar un presunto circuito de defraudación y enriquecimiento ilícito enquistado en las oficinas estatales que supervisan las terminales aéreas del país. El requerimiento de instrucción penal fue formalizado por el fiscal de la Fiscalía N° 7, Ramiro González, tras una presentación efectuada la semana pasada por la parlamentaria nacional Marcela Pagano. Las primeras directivas del ministerio público buscan descifrar el andamiaje corporativo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y corroborar si los activos públicos fueron administrados de modo espurio, en una causa que salpica tanto a la actual directora de la entidad —ligada al entorno de los asesores presidenciales— como a su predecesor, quien recientemente resultó arrestado en el marco de otra pesquisa sobre la empresa estatal de telecomunicaciones.

La hipótesis del fiscal apunta a la coexistencia de una red de recaudación de retornos financieros que supuestamente exigía un dividendo cercano al diez por ciento para destrabar las liquidaciones a contratistas. Para verificar el origen de los patrimonios, la Justicia solicitó reportes de solvencia comercial y los antecedentes laborales de los directivos clave del ente, incluyendo a la vicepresidencia y a un supervisor de gestión incorporado recientemente para coordinar las áreas de operaciones. La sospecha principal sugiere que la reestructuración interna del organigrama tuvo como finalidad desplazar a los técnicos de carrera y concentrar las decisiones en personas de confianza, facilitando de ese modo la discrecionalidad en los pagos y las mejoras en las escalas de remuneración de la jerarquía bajo sospecha.

Bajo este panorama, las pesquisas se centraron de igual modo en el manejo de los fondos fiduciarios destinados al equipamiento aeroportuario, donde se advierte una llamativa concentración de contratos adjudicados a un puñado de constructoras privadas durante el último año y medio. Con el propósito de hallar inconsistencias, se ordenó a las entidades de control del gasto público, como la Sindicatura y la Auditoría General, que remitan de inmediato cualquier advertencia o informe negativo archivado sobre estas licitaciones. En simultáneo, las oficinas de combate contra la corrupción deberán certificar si el modus operandi denunciado guarda similitudes con los mecanismos de desvío utilizados por el anterior administrador en otras dependencias tecnológicas del Estado, con el fin de determinar la posible extensión de este patrón de delincuencia administrativa.

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