La fiscalía chilena inició una investigación penal por presunto tráfico de niños haitianos ingresados durante el año pasado. Las sospechas surgieron tras detectarse que los acompañantes, quienes realizaron múltiples viajes aduciendo reencuentros familiares, nunca acreditaron vínculos reales ante migraciones.
Los tribunales del país transandino iniciaron las averiguaciones correspondientes sobre una supuesta red de trata de personas de la que habrían sido víctimas numerosos infantes procedentes de Haití durante el transcurso del período anual anterior. La intervención de los ministerios públicos nacionales responde a las alarmantes irregularidades detectadas en las planillas aduaneras, donde constan entradas de infantes acompañados por personas mayores de edad cuyo vínculo de parentesco real nunca llegó a ser certificado de forma fehaciente por los organismos migratorios en los puntos fronterizos. El escándalo institucional escaló tras los informes de control interno que alertaron sobre un grupo reducido de ciudadanos que realizaron múltiples viajes transfronterizos custodiando a distintos grupos de niños bajo un esquema que simulaba reagrupaciones del núcleo familiar en la capital santiaguina.
La recolección de los primeros testimonios y la auditoría de los expedientes de control fronterizo quedaron bajo la tutela de las agencias especializadas del ministerio fiscal nacional de la República, cuyo liderazgo técnico catalogó la situación como un escenario de extrema gravedad delictiva que exige una pormenorizada reconstrucción de cada caso. De confirmarse la hipótesis criminal, los encargados del ingreso de los menores habrían eludido los protocolos internacionales de protección de los derechos de la infancia al sortear las supervisiones formales que obligatoriamente deben realizarse durante los traslados internacionales en aeropuertos y pasos terrestres. Las diligencias que se despliegan buscarán individualizar el paradero actual de los jóvenes ingresados de esta forma espuria, con el objetivo primordial de resguardar su integridad y delimitar las responsabilidades de las bandas dedicadas al cruce ilegal de personas en el Cono Sur.
Javier Milei iniciará una extensa gira internacional por España, Paraguay, Estados Unidos y Francia para eludir la tensión política local. El Presidente buscará inversiones tecnológicas y energéticas, asistirá a la cumbre del Mercosur y participará de festejos oficiales en Norteamérica.
El gobierno porteño licitó la instalación de baños, cafeterías y Wi-Fi en dieciséis grandes parques mediante inversiones privadas de u$s4,6 millones. El proyecto otorga concesiones por cinco años sin costos estatales, buscando mejorar la seguridad y comodidad urbana.
El PRO ratificó su autonomía y se proyecta como alternativa presidencial para 2027 tras cuestionar la gestión de Manuel Adorni. La conducción macrista busca superar internas pasadas, mientras el oficialismo advierte que una división electoral beneficiaría indirectamente al kirchnerismo.
Lula da Silva participó en la cumbre del G7 en Francia para diversificar mercados frente a los aranceles de Trump. El mandatario brasileño buscó alianzas con Japón y Europa, posicionándose como líder del Sur Global en la defensa de materias primas.
Pagni define a Adorni como el papel de tornasol de una “casta libertaria” que evade y justifica la corrupción. Detalla el “super RIGI” de impunidad en Comodoro Py y cómo el arresto de Leal hizo caer el millonario acuerdo aeroportuaria con Eurnekian.
Domingo Cavallo cuestionó la coherencia del plan económico de Milei debido a la confrontación política. El exministro reclamó eliminar impuestos distorsivos como las retenciones agropecuarias para superar la recesión, y advirtió que frenar la inversión en infraestructura es perjudicial.
El diputado argentino Juan Marino denunció la expulsión forzada de una comitiva humanitaria en La Paz, tras ser retenida por autoridades bolivianas. La delegación planeaba investigar denuncias de represión bajo la gestión de Rodrigo Paz, y recurrirá a organismos internacionales.
El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
