Un colectivero de la línea 100 detuvo su marcha y amenazó a una mujer para exigirle que su hijo de 10 años, diagnosticado con TEA, utilizara auriculares. El hecho provocó la intervención policial y una crisis de salud en las víctimas.
Un colectivero de la línea 100 detuvo su marcha y amenazó a una mujer para exigirle que su hijo de 10 años, diagnosticado con TEA, utilizara auriculares. El hecho provocó la intervención policial y una crisis de salud en las víctimas.
Un gravísimo hecho de discriminación y violencia verbal sacudió a los pasajeros de la línea 100 en el partido bonaerense de Lanús. Un colectivero interrumpió el recorrido de su unidad para exigir de forma violenta que un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) utilizara auriculares.
Las consecuencias del violento episodio a bordo:
Crisis del menor: El niño de 10 años sufrió una severa desregulación emocional y comenzó a golpearse contra las ventanillas.
Urgencia médica: La madre del menor padeció un cuadro convulsivo por el estrés y debió ser asistida por una ambulancia.
Denuncia penal: La policía intervino en el lugar y se labraron actas por maltrato y discriminación hacia personas con discapacidad.
La situación escaló rápidamente cuando el conductor del transporte público de pasajeros se negó a continuar el viaje aduciendo que el volumen del teléfono celular del niño perturbaba el ambiente. La madre del menor intentó explicarle que el sonido del dispositivo funcionaba como una herramienta terapéutica indispensable de contención frente al ruido del tránsito.
Según relataron los testigos del hecho, la madre argumentó que el niño no tolera ningún objeto sobre su cabeza, incluyendo gorros o auriculares, debido a su hipersensibilidad sensorial característica de su cuadro biológico. A pesar de las explicaciones, el chofer mantuvo una postura intransigente y lanzó insultos agraviantes delante de todos los pasajeros.
Ante la violenta negativa del colectivero a reanudar la marcha, los propios pasajeros de la unidad intervinieron de inmediato para defender a la familia. Los usuarios recordaron a viva voz la existencia de leyes nacionales vigentes que protegen de forma estricta los derechos fundamentales de las personas con discapacidades en la vía pública.
La escalada de gritos y la tensión generalizada provocaron que el menor sufriera una profunda crisis psicomotriz y emocional dentro del habitáculo. La madre del niño, desbordada por la angustia de la agresión y el estado de su hijo, sufrió una fuerte convulsión en el suelo del vehículo, requiriendo asistencia de terceros de inmediato.
Una ambulancia del servicio de emergencias local arribó al lugar minutos después del incidente para brindar los primeros auxilios a los afectados. La mujer sufrió heridas en su boca producto de la caída y registró valores de presión arterial peligrosamente elevados debido al angustiante momento traumático vivido dentro de la unidad de transporte.
La denunciante reveló ante las autoridades policiales que las trabas por parte del conductor comenzaron de manera previa al ascenso, cuando el chofer intentó bloquearles el ingreso al coche. La causa penal ya se tramita en las dependencias judiciales competentes bajo protocolos específicos de protección contra la discriminación social.
Tras completar los trámites correspondientes en la comisaría de la jurisdicción, la mujer denunció haber recibido nuevas agresiones verbales de carácter clasista por parte del implicado. Hasta el momento, los directivos de la empresa de transporte de pasajeros no emitieron ningún comunicado oficial ni se contactaron con la familia damnificada.
Asociaciones civiles remarcaron que el uso de estímulos auditivos controlados resulta vital para evitar la sobrecarga de estímulos del entorno en pacientes con TEA. El desconocimiento general sobre estas condiciones del desarrollo suele derivar en situaciones de exclusión extrema en espacios de uso público esenciales para la vida cotidiana.
La familia de la víctima exigió que se apliquen sanciones ejemplificadoras al conductor involucrado y que se le impida volver a ejercer funciones operativas en la calle. El caso reaviva el debate sobre la necesidad urgente de capacitar al personal de colectivos en materia de diversidad y trato digno a los usuarios.
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