Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.
Diversas entidades vinculadas a la Conferencia Episcopal, los servicios de asistencia social y la defensa de los derechos originarios manifestaron un enérgico rechazo ante la propuesta normativa de protección irrestricta de bienes particulares que promueve la Casa Rosada. A través de un documento colectivo enviado a las dos cámaras parlamentarias, la representación eclesiástica sostuvo que el texto oficial vulnera la soberanía territorial y alimentaria del país, además de mercantilizar los recursos naturales estratégicos. Invocando las doctrinas sociales tradicionales, los firmantes recalcaron que la concentración desmedida quebranta la premisa de que las riquezas del suelo deben favorecer al conjunto social, instando a los representantes del pueblo a priorizar el bienestar colectivo por encima de los réditos de corporaciones particulares durante el inminente tratamiento en comisiones.
El cuestionamiento principal de la cúpula pastoral hace foco en la eliminación de los topes legales para la adquisición de parcelas por parte de capitales internacionales, lo cual podría desproteger áreas críticas con abundantes reservas hídricas y biodiversidad. Asimismo, los referentes religiosos alertaron sobre los riesgos de revertir las penalizaciones ambientales que pesaban sobre las superficies devastadas por el fuego, señalando que tal desregulación operaría como un estímulo para el negocio inmobiliario de carácter especulativo. Los autores de la misiva enfatizaron que el proyecto desmantela la capacidad del Estado para ordenar el suelo y planificar obras de infraestructura, afectando severamente el derecho al hábitat seguro e identitario de las familias vulnerables y los pequeños productores rurales en un contexto ya agravado por el déficit de viviendas que atraviesa la nación.
El proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones reclamados por los rectores. La brecha económica frena la Ley de Financiamiento y pone en riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo.
Un joven denunció penalmente a un chofer que se apoderó de un calzado de $400.000 en Buenos Aires. El conductor no registró la recepción en el sistema, suspendió el traslado y la empresa solo reembolsó la tarifa del traslado.
La senadora del PRO expuso la interna oficialista tras confirmar que no fue alertada sobre las modificaciones. Advirtió que ocultar información daña los vínculos políticos y complica el debate legislativo para el próximo año.
Con el 51,8% de los votos finales, la jugadora conquistó la edición Generación Dorada tras 174 días de encierro. Un recorrido marcado por la transformación estética, la maternidad y un premio histórico de $70 millones.
Detrás de la discusión parlamentaria por la eliminación de las PASO se esconde una arriesgada maniobra política. Un grupo de gobernadores dialoguistas negocia gobernabilidad con el oficialismo a cambio de paz en sus territorios, mientras evalúa utilizar la herramienta electoral para disputar la Presidencia en 2027.
El presidente Javier Milei envió al Parlamento un proyecto para penalizar a las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas sin autorización. La iniciativa también incluye modificaciones en Defensa, Código Penal y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El ex subdirector de Contabilidad del Enacom cobró una indemnización de 110 millones de pesos tras acordar su desvinculación y, de manera inmediata, asumió un cargo gerencial en el INTA. La polémica maniobra genera malestar en la administración pública en pleno ajuste estatal.
La Selección Argentina Sub-19 dirigida por Diego Placente se mide frente a Paraguay en su estreno en los Juegos Suramericanos. La delegación albiceleste busca consolidar su dominio tras alcanzar las 64 medallas acumuladas en el clasificador general.
