Pugna paritaria en el sector agroexportador: el complejo oleaginoso enfrenta el riesgo de nuevas medidas de fuerza

Sindicatos y empresas agroexportadoras siguen sin acordar la paritaria aceitera ante el inminente vencimiento de la conciliación obligatoria. Los gremios exigen elevar el sueldo inicial a 2,8 millones de pesos, rechazando la indexación mensual por inflación que ofrece la cámara empresaria.

La negociación colectiva entre las terminales procesadoras de granos y las organizaciones sindicales ingresó en una fase de extrema complejidad económica debido al inminente vencimiento del período de tregua administrativa dispuesto por la Secretaría de Trabajo. Mientras el sector corporativo promueve un esquema de indexación automática mensual referenciado de manera directa en la evolución de los precios minoristas oficiales, la representación gremial desestimó dicha alternativa bajo el argumento de que el debate de fondo debe centrarse en la recomposición de la base salarial de convenio para que alcance los dos millones ochocientos mil pesos. Las tratativas ministeriales desarrolladas en las últimas horas concluyeron sin variaciones sustanciales en las posturas de las partes, elevando la incertidumbre sobre la continuidad de la operatoria en las principales terminales portuarias del país de no mediarse una prórroga regulatoria.

Los representantes de las plantas industriales nucleados en la cámara empresaria argumentan que la propuesta de ajuste por inflación preserva el poder adquisitivo de los empleados y señalan que los ingresos de la actividad superan holgadamente la media del empleo formal del ámbito privado nacional. En contraste, las conducciones sindicales de los operarios fabriles sostienen que la actualización pretendida responde a los parámetros técnicos necesarios para garantizar la cobertura integral de las necesidades familiares básicas consagradas por la normativa laboral vigente. Las entidades de los trabajadores fundamentan la viabilidad de la demanda en los márgenes de rentabilidad del sector exportador derivados del incremento en los niveles de molienda y los beneficios fiscales percibidos por las corporaciones, advirtiendo que la falta de una oferta que satisfaga el piso legal pretendido derivará en el retorno de los ceses de actividades y paros de producción.

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