Un megaoperativo judicial abarcó 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades bonaerenses para desbaratar redes de agresores sexuales en línea. La investigación detectó a un centenar de sospechosos e identificó a menores en situación de riesgo ambiental.
El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires ejecutó la séptima edición de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII“, un despliegue coordinado para combatir la distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil, así como el acoso virtual a menores.
La intervención, desarrollada en diversos departamentos judiciales del territorio provincial, apuntó de manera simultánea contra 121 objetivos finales y puso bajo la lupa a 111 personas presuntamente vinculadas a estos delitos informáticos descritos en el Código Penal Argentino.
El procedimiento estuvo bajo la coordinación estratégica del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, cuyo titular es el procurador general Julio Conte-Grand.
Para el cumplimiento de las órdenes de registro, articuladas a través de ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos organizativos, se desplegaron fuerzas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y la Prefectura Naval Argentina.
Personal de la PFA durante un allanamiento por ciberpedofilia. Foto: Ministerio Público.
Los resultados del informe oficial revelaron que, del total de personas investigadas, 106 pertenecen al género masculino y cinco al género femenino. El rango etario de los implicados resultó llamativamente amplio, abarcando desde los 15 hasta los 75 años.
Dentro de este grupo, las autoridades confirmaron la participación de dos menores de 18 años implicados en el intercambio de archivos ilícitos, y se identificó a un imputado con antecedentes previos por delitos de similar naturaleza.
Paralelamente, las tareas de campo encendieron alarmas sobre el entorno de los sospechosos. Los investigadores constataron que seis de los investigados desempeñaban tareas laborales en contacto directo con ámbitos de la infancia o la adolescencia.
Asimismo, las autoridades lograron poner a resguardo y certificar las condiciones de 37 menores de edad que convivían en los domicilios requisados, al tiempo que detectaron a cuatro posibles víctimas directas de abuso físico.
Dispositivos digitales secuestrados durante el megaoperativo bonaerense. Foto: Ministerio Público.
Las irrupciones policiales permitieron el secuestro de un importante parque tecnológico utilizado para el tráfico de los contenidos. En total, las fuerzas de seguridad incautaron 80 computadoras, 165 teléfonos celulares y 160 dispositivos de almacenamiento digital, además de dos armas de fuego.
Sobre este material digital, los especialistas técnicos lograron cumplimentar 31 triajes y análisis preliminares en el lugar de los hechos para asegurar la cadena de custodia de la prueba informática.
La fisonomía de los operativos expuso ramificaciones complejas, incluyendo el allanamiento de una unidad carcelaria bonaerense donde internos ya condenados por abuso sexual continuaban bajo sospecha de operar dispositivos móviles.
En distritos específicos como Mar del Plata, la Unidad Funcional de Instrucción local coordinó cinco registros en los barrios Nueva Pompeya, Parque Independencia, Malvinas Argentinas, Jorge Newbery y Las Avenidas, donde resultaron imputados cinco hombres, entre los cuales se identificó a un expolicía exonerado de la fuerza.
El cierre de esta etapa investigativa abre interrogantes sobre los mecanismos de control digital en los entornos familiares e institucionales.
La reiteración de estos megaoperativos anuales plantea la duda de si las herramientas de persecución penal actuales logran un efecto disuasorio real o si la accesibilidad tecnológica continúa dinamizando un circuito oculto e ilegal en internet que vulnera la seguridad de las infancias de forma sistemática.
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