Frenaron la privatización de AYSA

Un tribunal de La Plata frenó la privatización de AySA al aceptar un amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense. La medida cautelar obliga a mantener el servicio e inversiones en 26 municipios, ante el riesgo de flexibilización en controles ambientales.

AYSA

El plan de privatizaciones impulsado por la administración central sufrió un revés legal en territorio bonaerense luego de que la magistratura contenciosa administrativa hiciera lugar a una acción de amparo. El dictamen, dictado en los tribunales de la capital provincial, interrumpió las gestiones de enajenación de Agua y Saneamientos Argentinos, condicionando cualquier modificación en su estructura accionaria al análisis detallado de las repercusiones ambientales y sanitarias. La resolución impone al Estado nacional la obligación de preservar intactos los esquemas de inversión y mantenimiento de la red en más de dos docenas de distritos periféricos.

La demanda que originó la intervención del juzgado fue promovida por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, bajo el argumento de que el nuevo modelo de concesión a treinta años diagramado por el Ministerio de Economía adolecía de salvaguardas explícitas para la expansión de la infraestructura cloacal. El organismo tutelar alertó sobre la posibilidad de que una flexibilización en los controles regulatorios derivara en el aplazamiento de obras pluviales estratégicas y en un desapego a las normativas de remediación de efluentes. Al convalidar estas preocupaciones, la autoridad judicial optó por dictar una medida de no innovar para blindar el acceso universal al recurso mientras se dirime el conflicto jurídico principal.

Este escenario reaviva el histórico debate sobre la gestión de los recursos hídricos en el país, cuya trayectoria incluye la privatización de los noventa bajo control de capitales franceses y la posterior reestatización firmada a mediados de la década de dos mil debido a reiterados incumplimientos contractuales. El esquema oficial vigente pretendía colocar la mayoría del paquete societario de la entidad en el ámbito privado mediante un inminente concurso público. Con esta determinación tribunalicia, la compañía de saneamiento se ve compelida a sostener sus operaciones habituales de manera inalterada, neutralizando temporalmente las proyecciones financieras del Ejecutivo nacional respecto a los activos públicos.

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