El consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la nacional Servimagnus mantendrá la Vía Navegable Troncal. El proceso licitatorio finalizó sin impugnaciones y prevé una reducción del 13,5% en los costos logísticos de exportación.
El consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la nacional Servimagnus mantendrá la Vía Navegable Troncal. El proceso licitatorio finalizó sin impugnaciones y prevé una reducción del 13,5% en los costos logísticos de exportación.

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La medida se implementó a través de la Resolución 2026-36 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía. El consorcio conformado por las empresas Jan De Nul y Servimagnus resultó seleccionado al presentar la oferta técnica mejor calificada en el orden de mérito.
La vía fluvial modificará su esquema de administración tras el cierre de la etapa de gestión estatal directa. El nuevo contrato establecerá un régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario, lo que significa que las operaciones se realizarán sin aval financiero del Estado.
En ese sentido, la firma del acuerdo técnico está prevista para los próximos 30 días, con un plazo de vigencia de 25 años y una opción de prórroga que no superará los cinco años adicionales.
El proceso de selección implementó un sistema de puntajes diseñado junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para auditar las etapas institucionales.
En la fase económica, las firmas finalistas igualaron sus propuestas al fijar una tarifa total de USD 14,23 por todo el recorrido. No obstante, la diferencia se determinó en la instancia técnica, donde el consorcio adjudicatario obtuvo 66,20 puntos frente a los 42,14 alcanzados por la firma Deme. La tercera empresa participante, DTA Engenharia, fue excluida por no presentar las garantías exigidas.
Los informes de preadjudicación estiman que la empresa ganadora registrará ingresos anuales promedio de entre US$626,4 millones y US$628,2 millones. De esta forma, la facturación global proyectada al término de la concesión se ubicará en un rango que va desde los US$15.660 millones hasta los US$15.707 millones.
Las previsiones de la autoridad portuaria prevén que las mayores inversiones se concentrarán entre el primer y el séptimo año, mientras que la recuperación de capital iniciará a partir del octavo período de operaciones.
El cauce fluvial concentra el 80% de las exportaciones argentinas y conecta cerca de sesenta terminales portuarias. El plan de obras se dividirá en tres instancias consecutivas:
Paralelamente, las estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales indican que el nuevo esquema tarifario representará un peaje anual extra de US$65 millones a US$80 millones para el sector granelero.
Sin embargo, las entidades proyectaron que la mayor profundidad permitirá reducir la cantidad de buques necesarios entre un 9% y un 11%, lo que generaría un ahorro logístico neto para el comercio exterior.
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