Un tribunal ordenó que Begoña Gómez entregue su pasaporte y se presente dos veces al mes. Crece la crisis judicial en el entorno del mandatario.
Un tribunal ordenó que Begoña Gómez entregue su pasaporte y se presente dos veces al mes. Crece la crisis judicial en el entorno del mandatario.
Un tribunal español ordenó que Begoña Gómez, esposa del actual jefe de gobierno Pedro Sánchez, sea juzgada bajo cargos de corrupción. A su vez, la Justicia emitió una severa medida cautelar que le prohíbe salir del país, en un escenario que amenaza la supervivencia de la ya precaria administración socialista.
El juez encargado de la causa, Juan Carlos Peinado, dictaminó que Gómez deberá entregar de inmediato su pasaporte y presentarse ante las autoridades correspondientes dos veces al mes hasta que se dicte un veredicto.
Para garantizar que no eluda esta orden, el tribunal dispuso en su resolución de este sábado que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” de España. Si bien el auto judicial no fija todavía una fecha para el inicio del juicio, el impacto político es innegable.
El caso gravita en torno a la creación de una cátedra en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, la cual fue codirigida por Gómez. Se la investiga por el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses de índole privada.
Ya en el mes de abril, el magistrado la había acusado formalmente por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos. En dicha instancia, el juez fue categórico: “La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”.
Frente a este revés, el Partido Socialista (PSOE) activó un rápido blindaje institucional y mediático a través de la red social X, posicionando la etiqueta #YoConBegoña. “Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán”, publicó la fuerza gobernante.
Por su parte, tanto Sánchez como su esposa, de 55 años, niegan cualquier irregularidad y enmarcan la situación en una campaña de la derecha para socavar a un gobierno sustentado en precarios acuerdos parlamentarios. Desde la oposición exigen la dimisión inmediata y elecciones anticipadas, aunque Sánchez insiste en agotar su mandato recurriendo a su ya célebre “Manual de resistencia”.
El cerco sobre la administración no se limita a este caso. La presión aumentó vertiginosamente al sumarse en el último mes la investigación por tráfico de influencias contra su antecesor y aliado, José Luis Rodríguez Zapatero, indagado por el presunto cobro de comisiones en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021.
A esta crisis se le suma que el hermano del mandatario, David Sánchez, ha sido juzgado recientemente por un aparente trato de favor para obtener un cargo público. Asimismo, quien fuera la mano derecha del presidente y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue procesado por supuestas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos, cerrando un círculo judicial que pone en jaque al Palacio de la Moncloa.
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