Un informe de la ONU reveló que el ejército birmano asesinó a 702 civiles, incluidos mujeres y niños, mediante bombardeos aéreos durante las elecciones legislativas. El sufragio excluyó zonas rebeldes, garantizando la victoria de los partidos afines a la junta militar.
Las fuerzas armadas del sudeste asiático provocaron el fallecimiento de centenares de habitantes indefensos a lo largo de las fases preparatorias y de ejecución del reciente escrutinio parlamentario, según revelaron las auditorías presentadas por el organismo de fiscalización humanitaria global. El reporte detalla que el despliegue de armamento por vía aérea se constituyó como el factor determinante en la devastación de comunidades y pérdidas humanas, registrando entre los fallecidos a una alta proporción de población infantil y femenina. Si bien las autoridades de la junta justificaron la convocatoria a las urnas como un canal de normalización institucional tras un lustro de dictadura, las hostilidades impidieron la votación en múltiples distritos controlados por facciones insurgentes, garantizando un triunfo total y monopólico para las agrupaciones políticas alineadas con el mando castrense.
La documentación recabada por las agencias internacionales indica que las oleadas de decesos se concentraron en dos etapas específicas que se correspondieron directamente con las fechas de convocatoria electoral y con las posteriores contraofensivas gubernamentales destinadas a recuperar terreno frente a la resistencia. Paralelamente, los peritajes de fuentes independientes constataron que el conflicto armado se vio agravado por atentados dirigidos por facciones de la oposición que provocaron bajas colaterales en la población no combatiente, muchas de ellas vinculadas a operaciones contra objetivos del proceso de sufragio. El panorama descrito por las delegaciones internacionales expone un escenario de violencia sistémica donde la simulación democrática se superpuso con operaciones de pacificación forzosa que profundizaron la emergencia humanitaria en la región.
Florencia Peña iniciaría acciones legales contra Luzu TV para exigir el pago completo de su contrato hasta diciembre tras ser desvinculada por un error informativo, según reveló Ángel de Brito. La disputa podría derivar en el envío de cartas documento.
El diputado Esteban Paulón denunció que el oficialismo y bloques aliados frenaron la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladando el debate a comisiones. Según el legislador, la maniobra busca blindar al funcionario y expone internas en el PRO.
El Palacio de Hacienda diseña alternativas financieras para saldar vencimientos de 30.000 millones de dólares en 18 meses. La estrategia incluye créditos respaldados por organismos multilaterales, renovación de deuda y reservas, en un escenario avalado positivamente por los mercados.
El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a Cale Group, de Augusto Marini, por cincuenta millones de pesos mensuales. La licitación avanzó hacia su etapa final pese a las objeciones y advertencias del ENaCom.
Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes de ida a Dallas por 500 dólares (más tasas) para ver a la Selección ante Jordania en el Mundial 2026. Los vuelos especiales saldrán el 25 y 26 de junio, complementando la oferta hacia Miami.
Trabajadores del subte liberarán molinetes este martes en la estación Federico Lacroze de la Línea B por descuentos y sanciones que consideran ilegales. La empresa Emova rechazó el reclamo, argumentando que las deducciones corresponden a incumplimientos horarios no justificados.
Jorge Messi recibió el alta médica tras varios días de internación y regresó a Rosario para completar su recuperación. La noticia trajo tranquilidad al capitán de la Selección Argentina y a su familia, luego de falsos rumores sobre su fallecimiento.
A un mes del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, la fiscalía mantiene tres detenidos, pero persisten dudas sobre si el acusado actuó solo. El caso salpica al poder municipal y devela presuntos nexos con redes delictivas y encubrimiento.
