El cierre neto de más de 26 000 empresas, en su enorme mayoría pymes, evidencia una dura crisis productiva. Industriales advierten que la apertura importadora y los altos costos en dólares destruyen empleo, mientras el prometido derrame energético no llega.
La estructura empresarial del país afronta un escenario de severo achicamiento con el cese neto de actividades de más de veintiséis mil unidades económicas que poseían personal a cargo. De acuerdo con las planillas oficiales de los organismos de cobertura laboral, la tendencia destructiva cobró mayor fuerza en el transcurso del primer trimestre, donde la mitad de las bajas del período se concentraron de forma exclusiva en las semanas previas a abril. Los informes analíticos de especialistas del sector destacan que el impacto se ensañó de forma casi total con las organizaciones de menor envergadura, afectando en proporciones marginales a las firmas que superan el cuarto de centenar de dependientes, lo que compromete de forma directa al segmento que históricamente absorbe la mayor proporción del mercado del empleo asalariado.
La vulnerabilidad del sector manufacturero y de servicios se refleja en el incremento de los expedientes judiciales por cesación de pagos y reestructuración de deudas tramitados ante la justicia comercial, cuyos registros duplicaron las marcas de los ciclos previos. Desde la cúpula de las asociaciones industriales pymes advierten que, a contramano de las proyecciones de reactivación y de las lecturas macroeconómicas del Palacio de Hacienda, el escenario operativo actual se define por la confluencia de variables adversas que configuran un marco de competencia desigual frente al exterior. Entre los factores determinantes se señalan el encarecimiento de los costos operativos medidos en divisas, la persistencia de las cargas tributarias locales, los elevados gastos logísticos y la agresiva política de flexibilización para el ingreso de bienes manufacturados extranjeros que, en casos como los de las economías asiáticas, cuentan con fuertes subsidios estatales en origen.
Esta coyuntura forzó a numerosos establecimientos a discontinuar sus líneas de manufactura tradicionales para reconvertirse en comercializadores de productos importados o proveedores logísticos auxiliares, un proceso que suele dejar excedentes de mano de obra en el camino. Asimismo, los representantes fabriles cuestionan la teoría oficial del efecto derrame supuestamente motorizado por los sectores extractivos de hidrocarburos y minería en las regiones andinas y de la Patagonia. Los referentes territoriales de los principales enclaves energéticos alertan sobre problemas de saturación demográfica y falta de infraestructura urbana elemental, señalando además que los grandes proyectos de inversión favorecidos por los marcos de incentivo fiscal priorizan crecientemente el abastecimiento logístico y habitacional mediante insumos importados, relegando a las fundaciones metalmecánicas y talleres locales a trabajar a la mitad de su potencial instalado.
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