El secretario de Coordinación de Energía y Minería aseguró que el suministro domiciliario está blindado frente a las bajas temperaturas, salvo que ocurra un “imponderable”. Además, detalló el nuevo esquema de tarifas indexadas, el récord de Vaca Muerta y el impacto del RIGI en el empleo.
En pleno despliegue del invierno, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, llevó tranquilidad a los hogares respecto al abastecimiento energético. En una entrevista radial, el funcionario afirmó que el sistema actual cuenta con la producción y la capacidad de transporte suficientes para cubrir la demanda prioritaria de todo el territorio nacional.
“No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”, precisó González.
El funcionario aclaró que el escenario cambia para el sector industrial y las estaciones de GNC que poseen contratos de “demanda interrumpible”. Explicó que no es económicamente viable construir gasoductos millonarios para usarlos a tope solo diez días al año, que es cuando el consumo residencial absorbe casi todo el fluido por el frío extremo. Ante esto, las empresas pueden optar por detener su actividad unos días o comprar Gas Natural Licuado (GNL) importado en subastas públicas, un recurso que tras los conflictos bélicos internacionales cuesta hasta seis veces más que el gas local.
González detalló cómo funciona el actual esquema de asistencia estatal, el cual pasó de ser un beneficio generalizado a un sistema de subsidios focalizados según el poder adquisitivo y bloques estacionales de consumo (en primavera y otoño el bloque subsidiado se reduce a la mitad).
Usuarios sin asistencia: Aproximadamente el 50% de la población ya no cuenta con subsidios y abona el costo real de la energía.
Usuarios subsidiados: El beneficio alcanza a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas. En electricidad reciben un descuento superior al 60%, mientras que en el gas de invierno la bonificación trepa al 75%.
Respecto a las tarifas vigentes para este mes, el secretario ratificó que los cuadros se actualizan de forma automática cada mes cruzando la inflación previa (que afecta al cargo fijo) y el costo real de la energía en dólares. Bajo esta modalidad, la luz sube un 1,5% promedio —con una leve baja del 0,75% para los sectores vulnerables— y el gas aumenta un 3% debido al impacto de la devaluación en el tipo de cambio oficial.
En cuanto a los combustibles, el impuesto específico registrará una actualización técnica de apenas el 1%. González recordó el fin de la intervención estatal en las pizarras: “Nosotros ya no intervenimos más en los precios de los combustibles ni en los precios de petróleo y gas que se venden localmente. Es una decisión de las petroleras”.
El titular de la cartera energética celebró el excelente panorama de los hidrocarburos no convencionales en la Patagonia. Con la producción actual consolidada por encima de los 900.000 barriles, el funcionario anticipó un hito histórico: “En algún momento de este año vamos a tocar el millón de barriles diarios de producción de petróleo”. Toda la producción excedente se destinará exclusivamente a la exportación, proyectando alcanzar el millón y medio de barriles en los próximos tres años.
Finalmente, González cruzó con dureza las críticas de la oposición sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), calificando de “superfalsas” las versiones que acusan al programa de beneficiar únicamente al capital extranjero o de no generar puestos de trabajo genuinos.
Radiografía del RIGI según el Gobierno:
Proyectos: Hay 42 carpetas presentadas y 20 ya fueron aprobadas de forma oficial.
Origen del capital: El 60% corresponde a firmas extranjeras y el 40% a empresas nacionales, desmintiendo la exclusividad corporativa internacional.
Puestos de trabajo: Las inversiones aprobadas generarán 200.000 empleos directos e indirectos.
Entre los ejemplos más avanzados, el secretario destacó el proyecto minero Vicuña (la mayor inversión de cobre en la historia del país, que demandará 30.000 trabajadores) y el Oleoducto Vaca Muerta Sur, una megaobra de infraestructura que ya presenta un 73% de avance constructivo.
Para garantizar la transparencia y evitar discrecionalidades, González concluyó explicando que cada expediente debe ser auditado de forma presencial por un comité evaluador integrado por ocho secretarios de Estado, requiriendo además el aval técnico de la Procuración del Tesoro, el Banco Central y la Secretaría Legal y Técnica antes de emitirse la resolución pública final.
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