La Justicia Federal rechazó frenar el peritaje de voz a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. El juez determinó que recolectar un patrón biométrico no viola la garantía contra la autoincriminación y ordenó continuar la prueba en la causa por presuntas coimas.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 rechazó el recurso presentado por la representación legal de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que buscaba anular y postergar el peritaje oficial sobre sus registros de voz. La defensa del exfuncionario procesado argumentaba que citar a su cliente para obtener un patrón de su habla constituía una vulneración a la garantía de no autoincriminación, forzándolo a transformarse en un elemento de prueba activa en su propio perjuicio. Asimismo, los letrados sembraron dudas sobre la fidelidad de las escuchas agregadas al expediente, sugiriendo alteraciones digitales mediante tecnologías de imitación de voz.
No obstante, el juez a cargo del tribunal desestimó de plano estos agravios al dictaminar que la recolección de un parámetro fonético no equivale a forzar una confesión o declaración indagatoria. El dictamen judicial equipara la frecuencia vocal con otras variables de identificación física —tales como el perfil genético, la caligrafía o las marcas dactilares—, determinando que los rasgos biométricos son pasibles de análisis científicos de constatación. El magistrado puntualizó que la pericia se basará en el rigor técnico de los expertos y no en las manifestaciones verbales del imputado, quien conserva el derecho de rehusarse al procedimiento bajo las pautas del protocolo forense vigente.
En los fundamentos de la resolución, la judicatura expuso una contradicción en la conducta procesal del acusado. Se constató que el propio exfuncionario había promovido peritajes de parte y solicitado un examen exhaustivo de los audios para corroborar su supuesta falsedad. Bajo esta premisa, el tribunal consideró improcedente que la defensa intente bloquear la herramienta técnica diseñada justamente para convalidar o descartar la autenticidad de los soportes sonoros en debate.
La pesquisa penal, impulsada por la fiscalía que encabeza Franco Picardi, se formalizó a mediados del año pasado tras sucesivas denuncias por irregularidades y exigencias de dádivas en la órbita del organismo de asistencia social. Aunque los registros de audio bajo sospecha no conformaron el sustento principal de los procesamientos dictados con anterioridad, el tribunal de alzada dispuso la realización de esta prueba de comparación acústica. Ante la oposición del exdirector de ANDIS, el ministerio público fiscal había propuesto como alternativa metodológica la utilización de archivos de declaraciones periodísticas públicas para extraer los patrones del habla indispensables para el estudio comparativo.
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