La Asamblea Nacional de Francia decide la legalización de la muerte asistida para enfermos terminales conscientes. Este último gran proyecto social de Macron genera una intensa polarización, dividiendo a defensores de la bioética, la Iglesia y agrupaciones de discapacidad.
La Asamblea Nacional francesa se apresta a emitir una resolución definitiva respecto al proyecto de ley que busca instaurar un marco regulatorio para la ayuda a morir. La propuesta normativa contempla que aquellos ciudadanos mayores de edad con diagnósticos de patologías terminales irreversibles, y en pleno uso de sus facultades cognitivas, tengan la prerrogativa legal de solicitar sustancias letales. Aunque la premisa general establece que el propio individuo sea quien ejecute la acción de ingerir el preparado prescrito bajo rigurosa supervisión médica, se prevén mecanismos excepcionales para que el personal sanitario administre directamente el compuesto en circunstancias donde el paciente presente impedimentos físicos severos.
Esta reforma sitúa a la nación gala en una corriente compartida con diversos Estados vecinos, aunque bajo modalidades jurídicas diferenciadas. Mientras países como Suiza y Austria amparan variantes de suicidio asistido, naciones como España, Bélgica y los Países Bajos autorizan la eutanasia activa, donde un profesional de la salud interviene de forma directa en el desenlace. En contraste, otras legislaciones como la alemana mantienen penalizaciones estrictas para la inducción del deceso por terceros, catalogándolo bajo figuras delictivas específicas. A nivel regional, el debate continúa en evolución con iniciativas en fase de redacción en Portugal e Irlanda, mientras que en el Reino Unido las reformas normativas permanecen bajo análisis en las cámaras parlamentarias.
El trayecto de esta reforma ha evidenciado una profunda grieta en el arco político y social de la nación, requiriendo múltiples instancias de discusión parlamentaria promovidas desde el Poder Ejecutivo. Pese al rechazo reiterado de la Cámara Alta, de tendencia mayoritariamente conservadora, la cámara de diputados ostenta la facultad constitucional de dirimir de forma concluyente el destino de la propuesta. Las objeciones más severas han provenido de las autoridades eclesiásticas locales y de organizaciones que defienden los derechos de las personas con diversidad funcional, quienes advierten sobre posibles coacciones indirectas y presiones sociales que podrían condicionar la voluntad de colectivos vulnerables.
En contraposición, defensores de la despenalización y profesionales de la medicina paliativa sostienen que los protocolos de control contemplados previenen desviaciones éticas, ofreciendo en cambio una alternativa digna y consensuada para mitigar el sufrimiento extremo. Para la administración del presidente Emmanuel Macron, la concreción de esta medida representa el cumplimiento de uno de los compromisos más emblemáticos en materia de derechos civiles de su gestión presidencial, consolidando un cambio de paradigma en el abordaje del fin de la vida en el sistema de salud pública.
El gremio ATE ANAC alertó sobre deficiencias en el servicio de bomberos de varios aeropuertos argentinos por falta de inversión. Advirtió que el uso de recursos no homologados pone en riesgo la operatoria de vuelos durante las vacaciones de invierno.
Un informe de Unicef y la OMS advierte que Argentina está entre los países con menor cobertura de vacunación infantil, sumando 101.000 niños sin inmunizar. El abandono de esquemas multidosis eleva el riesgo de brotes de sarampión y difteria.
La ANMAT simplificó los trámites para modificar medicamentos biológicos ya registrados, reduciendo la burocracia mediante un enfoque de riesgo. Al incorporar el sistema “Reliance”, el organismo convalidará evaluaciones de agencias extranjeras para agilizar la disponibilidad de vacunas y fármacos.
El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.
La justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en Badajoz. La sentencia determinó que el puesto fue un “traje a medida”, descartando el tráfico de influencias.
El director de la DEA, Terrance Cole, acusó al gobierno mexicano de tener vínculos indisolubles con los carteles de droga. México rechazó las afirmaciones por carecer de sustento, en medio de crecientes tensiones diplomáticas por soberanía y pedidos de extradición.
La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de “piratas usurpadores” a los ingleses antes de la semifinal mundialista, distanciándose de Seguridad, que prohibió banderas de Malvinas por considerarlas políticas. La oposición criticó la medida y aliados pidieron feriado nacional.
La inflación en Estados Unidos bajó al 3,5% en junio, registrando su primera caída mensual desde 2020 gracias al abaratamiento del combustible por una tregua en Medio Oriente. Sin embargo, el rebrote de tensiones amenaza con reactivar las subas.
