El Ministerio Público expuso las trabas operativas y el impacto del caso Levinas en el Parlamento

El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.

Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, junto a demás miembros del organismo en la comisión Bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación.

Tensiones por la competencia de los tribunales porteños y la propuesta de un decreto de necesidad y urgencia

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, compareció ante la comisión bicameral del Congreso de la Nación para detallar la delicada situación que atraviesan las fiscalías federales. El eje central de la exposición estuvo puesto en los obstáculos procedimentales derivados del precedente judicial establecido por el fallo Levinas. Dicha resolución judicial dictaminó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano encargado de revisar las sentencias dictadas por los fueros nacionales de carácter civil, comercial, penal y laboral antes de que puedan ser elevadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Frente a la complejidad que este doble circuito procesal genera en las investigaciones criminales, Casal reveló que propuso formalmente al Poder Ejecutivo la firma de un decreto de necesidad y urgencia. Esta medida de excepción buscaría dotar de personería y cobertura legal inmediata a los fiscales para actuar de forma directa ante el máximo tribunal porteño, evitando planteos de nulidad por parte de las defensas y reduciendo los tiempos procesales. La alternativa propuesta funcionaría como un puente transitorio hasta que se complete definitivamente el traspaso de las competencias judiciales ordinarias del ámbito federal al de la Ciudad de Buenos Aires.

La asfixia de recursos fiscales y la controversia por la provincialización del microtráfico

La comitiva de la Procuración también planteó la urgencia de reasignar recursos humanos y económicos a la estructura fiscal. Los secretarios de la institución remarcaron que el presupuesto de las fiscalías experimentó un retroceso real cercano al 47% en los últimos dos años. Bajo el nuevo paradigma del sistema acusatorio, donde los fiscales asumen el control absoluto de las pesquisas, las autoridades solicitaron que el personal administrativo y de apoyo de los juzgados de instrucción sea transferido de manera masiva a los ministerios públicos para equilibrar las cargas de trabajo cotidianas.

El encuentro en el Parlamento también reavivó un debate central sobre la persecución penal de las sustancias prohibidas. La saturación del sistema fue ilustrada con el caso de la región de Cuyo, donde un grupo reducido de fiscales debió absorber cerca de diez mil expedientes nuevos en un lapso de pocos meses debido a la delegación de competencias a la justicia local. Mientras sectores de la oposición proponen centralizar las investigaciones de menor escala en la órbita federal para no perder la trazabilidad de los eslabones más altos de las bandas delictivas, defensores de la desfederalización impulsan ampliar las competencias locales, argumentando que la violencia barrial y el narcomenudeo exigen una respuesta inmediata de proximidad geográfica.

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