El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.
El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, compareció ante la comisión bicameral del Congreso de la Nación para detallar la delicada situación que atraviesan las fiscalías federales. El eje central de la exposición estuvo puesto en los obstáculos procedimentales derivados del precedente judicial establecido por el fallo Levinas. Dicha resolución judicial dictaminó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano encargado de revisar las sentencias dictadas por los fueros nacionales de carácter civil, comercial, penal y laboral antes de que puedan ser elevadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Frente a la complejidad que este doble circuito procesal genera en las investigaciones criminales, Casal reveló que propuso formalmente al Poder Ejecutivo la firma de un decreto de necesidad y urgencia. Esta medida de excepción buscaría dotar de personería y cobertura legal inmediata a los fiscales para actuar de forma directa ante el máximo tribunal porteño, evitando planteos de nulidad por parte de las defensas y reduciendo los tiempos procesales. La alternativa propuesta funcionaría como un puente transitorio hasta que se complete definitivamente el traspaso de las competencias judiciales ordinarias del ámbito federal al de la Ciudad de Buenos Aires.
La comitiva de la Procuración también planteó la urgencia de reasignar recursos humanos y económicos a la estructura fiscal. Los secretarios de la institución remarcaron que el presupuesto de las fiscalías experimentó un retroceso real cercano al 47% en los últimos dos años. Bajo el nuevo paradigma del sistema acusatorio, donde los fiscales asumen el control absoluto de las pesquisas, las autoridades solicitaron que el personal administrativo y de apoyo de los juzgados de instrucción sea transferido de manera masiva a los ministerios públicos para equilibrar las cargas de trabajo cotidianas.
El encuentro en el Parlamento también reavivó un debate central sobre la persecución penal de las sustancias prohibidas. La saturación del sistema fue ilustrada con el caso de la región de Cuyo, donde un grupo reducido de fiscales debió absorber cerca de diez mil expedientes nuevos en un lapso de pocos meses debido a la delegación de competencias a la justicia local. Mientras sectores de la oposición proponen centralizar las investigaciones de menor escala en la órbita federal para no perder la trazabilidad de los eslabones más altos de las bandas delictivas, defensores de la desfederalización impulsan ampliar las competencias locales, argumentando que la violencia barrial y el narcomenudeo exigen una respuesta inmediata de proximidad geográfica.
Desde agosto, el transporte público en CABA y PBA subirá un 3,9%, elevando el boleto mínimo de colectivos porteños y provinciales. El incremento, indexado por inflación, también impactará en las tarifas de subtes y en los peajes de las autopistas de acceso.
Ante una inflación semestral cercana al 17%, los gobernadores provinciales reabrieron las negociaciones paritarias con docentes y estatales. Mientras distritos como Buenos Aires lograron acuerdos temporales, provincias como Santa Fe y Entre Ríos enfrentan fuertes tensiones y reclamos gremiales.
El gremio ATE ANAC alertó sobre deficiencias en el servicio de bomberos de varios aeropuertos argentinos por falta de inversión. Advirtió que el uso de recursos no homologados pone en riesgo la operatoria de vuelos durante las vacaciones de invierno.
Un informe de Unicef y la OMS advierte que Argentina está entre los países con menor cobertura de vacunación infantil, sumando 101.000 niños sin inmunizar. El abandono de esquemas multidosis eleva el riesgo de brotes de sarampión y difteria.
La ANMAT simplificó los trámites para modificar medicamentos biológicos ya registrados, reduciendo la burocracia mediante un enfoque de riesgo. Al incorporar el sistema “Reliance”, el organismo convalidará evaluaciones de agencias extranjeras para agilizar la disponibilidad de vacunas y fármacos.
El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.
La justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en Badajoz. La sentencia determinó que el puesto fue un “traje a medida”, descartando el tráfico de influencias.
El director de la DEA, Terrance Cole, acusó al gobierno mexicano de tener vínculos indisolubles con los carteles de droga. México rechazó las afirmaciones por carecer de sustento, en medio de crecientes tensiones diplomáticas por soberanía y pedidos de extradición.