Un informe de DW analiza el destino de las fortunas incautadas al narcotráfico en EE. UU., como los 15.000 millones de “El Mayo” Zambada. Sin investigaciones propias, México queda excluido de fondos que Washington destina a su sistema de seguridad.
Un informe de DW analiza el destino de las fortunas incautadas al narcotráfico en EE. UU., como los 15.000 millones de “El Mayo” Zambada. Sin investigaciones propias, México queda excluido de fondos que Washington destina a su sistema de seguridad.
El estrangulamiento financiero de las redes delictivas representa una de las herramientas más contundentes para combatir el crimen organizado en el continente americano. Un informe publicado por DW analiza el complejo laberinto institucional detrás de los decomisos de dinero ilícito, una discusión que se reavivó recientemente tras la petición de la justicia de los Estados Unidos de confiscar 15.000 millones de dólares a Ismael “El Mayo” Zambada, histórico cofundador del Cartel de Sinaloa. Esta ofensiva patrimonial evoca el antecedente de su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sobre quien pesó una orden de incautación de 12.600 millones de dólares en la década pasada, abriendo el debate sobre el destino final de semejantes recursos económicos.
A diferencia de otros modelos internacionales como el de Italia, donde un organismo público específico se encarga de reorientar el patrimonio de la mafia hacia el desarrollo y la infraestructura comunitaria, las leyes bilaterales actuales suelen favorecer al país que concreta el hallazgo. Expertos en seguridad pública explican que la soberanía que documenta el origen ilícito de los fondos se adjudica los activos. Debido a la inacción de las agencias de investigación mexicanas para rastrear estas cuentas en el extranjero, resulta prácticamente imposible que el país de origen de la violencia asociada al narcotráfico logre recuperar una parte de esas fortunas.
Una vez que un magistrado norteamericano declara que el patrimonio de un acusado es fruto del lavado de activos, dicho dinero se transfiere de forma directa al erario federal de los Estados Unidos. Analistas del Instituto Baker de la Universidad de Rice señalan que la normativa local permite repartir estos capitales para financiar la operatividad del propio Departamento de Justicia, además de coparticipar equipamiento militar o efectivo con las policías locales y estatales que brindaron apoyo táctico durante las investigaciones.
Por otro lado, la posibilidad de destinar estos recursos a resarcir los daños sufridos por las víctimas del narcotráfico es sumamente compleja de instrumentar en la práctica. Determinar quién califica formalmente como damnificado —desde los trabajadores rurales coaccionados para sembrar estupefacientes hasta las familias afectadas por la violencia armada— representa un obstáculo burocrático difícil de sortear, a pesar de que el Departamento de Justicia de EE. UU. cuenta con un programa formal de compensación. Asimismo, la dispersión de las fortunas en redes de testaferros y firmas de papel genera serias dudas entre los especialistas sobre el volumen real de dinero que la justicia logra incautar y documentar transparentemente.
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