El Ministerio de Economía enviará este jueves al Congreso modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal para eliminar topes patrimoniales y flexibilizar controles de ARCA, buscando incentivar la bancarización de unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema.
El Ministerio de Economía, Luis Caputo, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, presentaron este miércoles las modificaciones al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que llegará este jueves al Congreso, busca corregir la norma sancionada en diciembre de 2025 para acelerar el ingreso de ahorros no declarados al sistema financiero.
“El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Acompañado por la secretaria Legal y Técnica, el funcionario detalló que el Banco Central calcula existencia de USD 170.000 millones fuera del circuito oficial, cifra que cuadruplica los depósitos privados en moneda extranjera.
“Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda.
En ese sentido, fundamentó la necesidad de la reforma: “A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y recaudar más”.
Los cambios surgen tras reuniones con tributaristas ante el bajo nivel de adhesión de la norma vigente desde febrero. La reforma elimina los topes que impedían el ingreso a personas con ingresos anuales superiores a $1.000 millones o patrimonios mayores a $10.000 millones.
“El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país sin restricción”, aclaró Ibarzabal Murphy, aunque precisó que los grandes contribuyentes no gozarán de los beneficios del esquema simplificado ni podrán exteriorizar efectivo.
Asimismo, la propuesta flexibiliza los márgenes de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien se mantiene el límite del 15% para determinar una discrepancia significativa entre lo declarado y lo real, se agrega una excepción: diferencias de hasta $5 millones no serán sancionadas. “Toca uno de los puntos más sensibles del régimen”, aseguró la secretaria Legal y Técnica. La norma también invierte la carga probatoria otorgando 15 días para rectificar declaraciones y fija un plazo máximo de 45 días hábiles para que el fisco devuelva importes con intereses si se revoca una impugnación.
Frente a las dudas de los ahorristas sobre la durabilidad de las reglas del juego, el equipo económico buscó enviar un mensaje de estabilidad. “El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada”, sostuvo Caputo, y remarcó que las modificaciones buscan aclarar aspectos para que, “independientemente de cuál sea el gobierno de turno, los ciudadanos van a estar cubiertos”.
El envío de un nuevo texto evidencia que el esquema original no alcanzó el impacto esperado. ¿Alcanzarán estas nuevas garantías legales para convencer a los contribuyentes de bancarizar sus dólares guardados?
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