Luego de que peritajes médicos acreditaran una severa adicción y el sistema carcelario admitiera carecer de tratamiento adecuado, la Justicia concedió prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en Palermo al exfuncionario Facundo Leal, procesado por tenencia de estupefacientes.
El juez federal subrogante, Sebastián Ramos, concedió el beneficio del arresto domiciliario a Facundo Leal, expresidente de ARSAT y exintegrante de organismos de control estatal. El exfuncionario permanecía detenido desde el 28 de mayo en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tras el hallazgo de drogas y divisas en sus domicilios.
La decisión judicial se basó en informes del Cuerpo Médico Forense que diagnosticaron un cuadro severo de adicción y recomendaron asistencia interdisciplinaria.
Ante la consulta del juzgado, el Servicio Penitenciario Federal informó que no disponía de vacantes en su Centro de Rehabilitación para Drogadependientes para internos procesados bajo la Ley de Estupefacientes, lo que motivó el traslado del imputado a un departamento en el barrio porteño de Palermo.
Paralelamente, el fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó a favor de la medida al considerar que la acusación por tenencia de drogas con fines de comercialización resulta jurídicamente débil. “Nos encontramos frente a una persona que tiene una adicción a los estupefacientes y no se lo ha investigado por la figura escogida de tráfico de drogas“, argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.
Los allanamientos policiales concretados en propiedades vinculadas a Leal en Buenos Aires y Mendoza derivaron en la incautación de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, monedas de diversos países y dosis de ketamina, MDMA, cocaína y cannabis.
A pesar de los secuestros, la representación fiscal advirtió que la investigación judicial no aportó evidencias concretas sobre maniobras de venta o distribución de sustancias.
El exfuncionario afronta de manera simultánea investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones durante sus gestiones públicas. En el expediente radicado en los tribunales federales de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, Leal prestó declaración indagatoria mediante un escrito en el que rechazó las imputaciones por sobreprecios y sostuvo que no intervenía en los procesos licitatorios de la compañía satelital.
Bajo la supervisión de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, el procesado mantendrá la prohibición estricta de salir del inmueble, salvo emergencias médicas debidamente notificadas. Su pareja, Julieta Griffa Berro, fue designada como garante judicial del cumplimiento de las pautas impuestas, mientras la causa principal analiza la reconfiguración de la imputación penal.
El otorgamiento de la morigeración de la prisión preventiva abre el debate sobre las capacidades reales del sistema carcelario para tratar consumos problemáticos en procesados.
Al mismo tiempo, expone las dificultades técnicas de las fiscalías para sostener acusaciones por narcotráfico cuando las pruebas recolectadas no logran diferenciar el acopio para venta del consumo personal.
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