La Cámara Argentina del Libro rechazó el proyecto oficial para derogar el precio uniforme: advierte que destruiría librerías independientes, reduciría la diversidad de títulos y destruirá miles de empleos en todo el país.
La Cámara Argentina del Libro rechazó el proyecto oficial para derogar el precio uniforme: advierte que destruiría librerías independientes, reduciría la diversidad de títulos y destruirá miles de empleos en todo el país.
La Cámara Argentina del Libro (CAL) manifestó su rechazo al proyecto que impulsa la derogación de la Ley N.º 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, al considerar que su eliminación afectaría la diversidad editorial, el acceso a la lectura y la supervivencia de las librerías independientes.
A través de un comunicado, la entidad, que nuclea a unas 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, sostuvo que la normativa vigente desde 2001 constituye una herramienta clave para fortalecer el ecosistema del libro al garantizar que el precio de cada ejemplar, fijado por el editor, sea respetado en todos los canales de comercialización.
Según la CAL, el sistema de precio uniforme no restringe la competencia, sino que la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, evitando que el mercado quede dominado únicamente por quienes pueden aplicar mayores descuentos.
La cámara advirtió que una eventual derogación permitiría a grandes cadenas y plataformas de venta desarrollar políticas comerciales agresivas que pondrían en desventaja a las librerías de barrio y del interior del país, con el riesgo de cierres y una creciente concentración del mercado.
En ese sentido, remarcó que la bibliodiversidad argentina depende de una red federal de librerías y de condiciones comerciales equitativas que permitan la convivencia de grandes grupos editoriales con cientos de pequeñas y medianas empresas dedicadas a publicar literatura, ensayo, libros infantiles, investigaciones académicas y otras obras de menor escala comercial.
La entidad destacó además que la industria editorial sostiene miles de puestos de trabajo vinculados a autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, distribuidoras y editoriales, y afirmó que el sector registró un importante crecimiento desde la sanción de la ley.
Entre los principales resultados atribuidos a la normativa, la CAL señaló que desde 2001 se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas, se duplicó el número de editoriales y el país consolidó una red de alrededor de 1.500 librerías, una de las mayores de América Latina en relación con su población.
Asimismo, sostuvo que el precio uniforme aporta previsibilidad al mercado, facilita el cálculo de las regalías de los autores y contribuye a combatir la piratería al establecer un valor de referencia para las ediciones legales.
La cámara también recordó que sistemas similares continúan vigentes en países con una fuerte tradición editorial como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
Finalmente, la CAL afirmó que la Ley de Defensa de la Actividad Librera cuenta con un amplio consenso entre editores, libreros, distribuidores y autores, y advirtió que su derogación pondría en riesgo el desarrollo de la industria editorial argentina, reduciría la diversidad de títulos disponibles y limitaría el acceso de los lectores a una oferta plural.
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